Morelia, Michoacán.— Una jueza federal vinculó a proceso durante la madrugada de este jueves al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete empresarios y agentes aduanales, señalados por presuntamente integrar una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), la organización habría introducido ilegalmente al país más de 2 mil 137 millones de litros de petrolíferos y provocado un daño superior a los 166 millones de pesos a la hacienda pública.
Jueza considera suficientes datos presentados por la FGR
Alrededor de las 3:15 horas, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, determinó que la FGR presentó datos de prueba suficientes para presumir la existencia de una organización criminal presuntamente dedicada al huachicol fiscal.
La resolución también estableció, de manera preliminar, la posible participación de los ocho imputados. La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino el inicio formal de la investigación judicializada.
Los delitos imputados son delincuencia organizada y contrabando, entre otros.
Ruffo Appel permanecerá en el Penal del Altiplano
Debido a que los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos contemplan prisión preventiva de oficio, la jueza mantuvo vigente esta medida cautelar.
En consecuencia, Ruffo Appel deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el procedimiento penal. El exmandatario será recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Penal del Altiplano, el centro de detención más robusto del país.
¿Quiénes son los otros siete vinculados a proceso?
Además de Ernesto Ruffo Appel, la resolución judicial alcanzó a Ricardo Thompson Navarro, propietario de Servicios Portuarios, S.A. de C.V., y exvocal de Ingemar, compañía de la que Ruffo Appel es señalado como socio y fundador.
También fue procesado José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L. de C.V. y Servicios Portuarios, S.A. de C.V., empresas que figuran como accionistas de Ingemar.
La lista incluye al agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y a su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez.
Asimismo, fue vinculada Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., compañía con sede en la ciudad de San Luis Potosí. Ella continuará recluida en el Centro Federal de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México.
Los otros dos procesados son José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., empresa localizada en Saltillo, Coahuila.
Dos empresarios enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria
José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales son los únicos imputados que podrán continuar el procedimiento penal bajo prisión domiciliaria.
Ambos permanecerán en sus respectivos domicilios de Saltillo, Coahuila, mientras se desarrolla el proceso y se cumplen las condiciones impuestas por la autoridad judicial.
La FGR calculó que el supuesto esquema de contrabando causó un perjuicio de 166 millones 466 mil 735.26 pesos a la hacienda pública. Las responsabilidades definitivas deberán establecerse durante las siguientes etapas del procedimiento penal.
