Transformación profunda en la Ley de Adquisiciones
La secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que las modificaciones apuntan a modernizar la forma en que el Estado realiza compras, buscando mayor eficiencia y transparencia.
- Se integran nuevas modalidades como la subasta inversa y la adjudicación directa con estrategia de negociación.
- Diálogos competitivos permitirán asegurar proveeduría cuando no haya productos disponibles en el mercado.
- Se fortalecerán las compras consolidadas y los acuerdos marco para aprovechar economías de escala.
- Al menos el 65% del contenido de las adquisiciones deberá ser nacional, promoviendo la industria mexicana.
- Facilidades para PyMEs y cooperativas, incluyendo anticipos, pronto pago y licitaciones exclusivas.
- El sistema CompraNet evoluciona hacia una plataforma más moderna, con una Tienda Digital integrada.
“Tenemos la obligación de cuidar el dinero, que es dinero del pueblo; entonces, para nosotros, cada peso vale”, aseveró Buenrostro.
Nuevas reglas para las Obras Públicas con enfoque local y eficiente
En cuanto a la Ley de Obras Públicas, las reformas permitirán mejorar la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura.
- Se establecerán diálogos estratégicos entre gobierno y sector privado para mejorar las propuestas.
- Investigaciones de mercado serán obligatorias para mejorar la toma de decisiones.
- Los supervisores de obra serán responsables solidarios para garantizar obras seguras y eficaces.
- Los tiempos de contratación se reducirán hasta en una tercera parte, mejorando la ejecución.
- Se dará preferencia a empresas locales, fortaleciendo las economías regionales.
Medidas para evitar la subcontratación excesiva
Una de las preocupaciones centrales del gobierno es evitar que los recursos públicos se diluyan en esquemas poco claros. Por ello:
- La subcontratación no podrá superar el 49% del contrato total.
- Todos los contratos deberán publicarse en CompraNet, asegurando acceso a la información.
- Estas reglas aplican incluso para convenios entre gobiernos, donde tradicionalmente se evitaban licitaciones.
Con estas modificaciones, se espera que el sector público mexicano no solo ejecute con mayor rapidez, sino que lo haga con mayor integridad y apoyo al desarrollo nacional.
