Apatzingán, Michoacán.- La administración municipal de Apatzingán encabezada por la morenista Fanny Arreola Pichardo enfrenta severos cuestionamientos tras una presunta ofensiva directa contra el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, luego del despido injustificado de al menos 40 trabajadores sindicalizados, algunos con hasta 27 años de antigüedad.
De acuerdo con denuncias del sindicato, los ceses laborales no serían hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática de acoso, hostigamiento y amenazas, presuntamente impulsada desde la presidencia municipal. Los trabajadores señalan que la propia alcaldesa habría proferido ofensas directas contra empleados con décadas de servicio.
Uno de los episodios más graves señalados por los afectados fue el uso de la fuerza pública para desalojar a trabajadores de sus oficinas, acción que calificaron como autoritaria y represiva, y contraria al discurso oficial de un gobierno cercano al pueblo y defensor de los derechos laborales.
Trabajadores hasta con 27 años de servicio
Las denuncias también apuntan a que, durante una mesa de negociación, la presidenta municipal habría exigido la destitución de la secretaria de Conflictos del sindicato, Mary Román, como condición para detener el hostigamiento laboral. Para los trabajadores, esta exigencia representó un intento de debilitar la estructura sindical y someter a sus representantes.
A este escenario se suma la solicitud del gobierno municipal para que el sindicato entregue el Contrato Colectivo de Trabajo, lo que ha encendido alertas entre los empleados, quienes temen un desmantelamiento de prestaciones laborales conquistadas a lo largo de 42 años de lucha sindical.
Las acciones denunciadas contrastan con el argumento oficial de austeridad. Mientras el ayuntamiento sostiene que no cuenta con recursos para cubrir salarios de trabajadores sindicalizados, el sindicato acusa que sí existen fondos para inflar la nómina mediante contrataciones de personal eventual y de apoyo, con listas millonarias, además de la presencia persistente de aviadores, denunciada en repetidas ocasiones sin que se observen sanciones.
Para los trabajadores, el actuar de la administración municipal morenista, refleja una contradicción entre el discurso y la práctica, así como una criminalización del sindicalismo y un retroceso en materia de derechos laborales.
Ante este panorama, el sindicato exigió el cese inmediato del hostigamiento, la reinstalación de los trabajadores despedidos y la intervención de las autoridades laborales competentes para frenar lo que califican como un abuso de poder por parte del gobierno municipal.
