Morelia, Michoacán.— Organizaciones alertan sobre una iniciativa presentada por la diputada federal de Morena, Giselle Yunueen Arellano Ávila, que plantea reformar el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la prohibición de los llamados “discursos de odio” como límite a la libre manifestación de las ideas.
De acuerdo con el posicionamiento de la organización Actívate, la propuesta representa un riesgo para la libertad de expresión debido a que, considera, podría abrir la puerta a interpretaciones ambiguas sobre qué opiniones pueden ser consideradas como expresiones de odio.
Qué propone la iniciativa sobre discursos de odio
La iniciativa busca modificar el primer párrafo del artículo 6 constitucional para establecer que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo en los casos ya previstos por la Constitución y cuando “constituya un discurso de odio en los términos que determine la ley”.
En el documento legislativo se argumenta que actualmente existe un “vacío normativo”, ya que el texto constitucional sólo contempla límites relacionados con ataques a la moral, la vida privada, derechos de terceros, provocación de delitos o perturbación del orden público.
De aprobarse la reforma, el artículo 6 incorporaría como nuevo límite constitucional la figura del discurso de odio, cuya definición específica quedaría a cargo de una legislación secundaria.
Actívate advierte riesgo de censura y persecución de opiniones
Actívate.org.mx sostuvo que la redacción propuesta es peligrosa porque, desde su perspectiva, no define con claridad qué debe entenderse por “odio” y podría dejar al gobierno un margen amplio para sancionar expresiones críticas o contrarias a la narrativa oficial.
“El gran peligro es que la propuesta es completamente ambigua, no define con claridad qué es ‘odio’ y deja en manos del gobierno una carta abierta para perseguir, silenciar y censurar absolutamente todo lo que no les guste o no cuadre con su narrativa oficial”, señaló la organización.
La agrupación afirmó que una redacción abierta podría derivar en interpretaciones subjetivas sobre qué opiniones pueden ser permitidas y cuáles podrían ser sancionadas.
Libertad de expresión, el punto central del debate
La organización consideró que la reforma podría afectar a ciudadanos, líderes sociales o creyentes que expresen posturas sobre temas como el derecho a la vida, la familia tradicional o debates relacionados con la biología y las ideologías contemporáneas.
Según Actívate, el riesgo es que esas posturas puedan ser acusadas como “discursos de odio”, aun cuando formen parte de debates públicos, religiosos, sociales o políticos.
Además, advirtió que la propuesta podría generar un efecto inhibidor sobre la participación ciudadana y el intercambio de ideas en espacios públicos y digitales.
La iniciativa plantea una ley secundaria en 180 días
El proyecto de decreto contempla que el Congreso de la Unión cuente con un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para expedir o adecuar la legislación reglamentaria en la que se defina el discurso de odio, sus elementos constitutivos y las sanciones aplicables.
La iniciativa señala que esta regulación deberá apegarse a estándares internacionales en materia de derechos humanos y combate a la discriminación.
Para la organización Actívate, este punto incrementa la preocupación, pues considera que la discusión podría trasladarse posteriormente a leyes secundarias con alcances sancionatorios sobre expresiones ciudadanas.
Llaman a firmar contra la reforma constitucional
Ante este escenario, Actívate.org.mx llamó a la ciudadanía a firmar para frenar lo que calificó como un “atropello constitucional” y defender la libertad de expresión.
“Si hoy permitimos que toquen la Constitución para censurar bajo la etiqueta de ‘odio’, mañana van a callar a cualquiera que piense distinto al gobierno”, indica la organización.
La iniciativa fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de ser discutida y eventualmente votada.
