En el documento presentado ante el Congreso de Michoacán, el dirigente solicita investigar decisiones de la administración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), así como requerir expedientes sobre el manejo de recursos públicos y las consecuencias laborales del paro indefinido.
La ampliación reúne señalamientos y solicitudes de investigación.
Tres denuncias de juicio político contra rectora Yarabí Ávila son turnadas a comisiones
Cuestionan reglamento para la sucesión rectoral
Uno de los argumentos del dirigente sindical es la presunta falta de expedición oportuna de las disposiciones para instrumentar el nuevo modelo de elección de rector o rectora previsto en la Ley Orgánica reformada.
Tena Flores sostiene que el Congreso había emitido exhortos para realizar las adecuaciones reglamentarias, mientras que el SUEUM había pedido reglas claras y conocidas por la comunidad universitaria antes de la renovación.
También cuestiona la sesión virtual del Consejo Universitario celebrada la noche del 2 de noviembre, fecha que identifica como inhábil para la institución, en la que fue aprobado el nuevo reglamento. Según su planteamiento, integrantes del órgano colegiado habrían denunciado poca anticipación en la convocatoria y presuntas restricciones para participar o votar en la plataforma electrónica.
Por ello, solicita que el Congreso requiera las convocatorias, los registros de asistencia, la grabación íntegra, las bitácoras de Zoom, las votaciones y el acta de la sesión.
Otro punto de inconformidad es el Segundo Artículo Transitorio que, de acuerdo con el documento sindical, fija el 10 de noviembre de 2027 para elegir a la nueva Rectoría. Tena argumenta que esa fecha se ubica aproximadamente diez meses después del 8 de enero de 2027, cuando señala que concluye el periodo de la actual rectora.
Piden investigar recursos utilizados en la movilización y el paro
La ampliación solicita esclarecer si se utilizaron presupuesto, vehículos, equipos, infraestructura o personal de la UMSNH en la movilización del 3 de noviembre y en la difusión de posicionamientos institucionales contra actuaciones del Congreso y del Gobierno de Michoacán.
El dirigente pide determinar si la participación de funcionarios y trabajadores administrativos fue voluntaria, si existieron instrucciones o comisiones laborales y cuánto se gastó en organizar y difundir la movilización.
Respecto del paro indefinido de labores, cuestiona su legalidad y solicita conocer el fundamento jurídico, las instrucciones para ejecutarlo y sus efectos sobre salarios, prestaciones, asistencia e incidencias laborales.
El SUEUM vincula estas decisiones con los conflictos que mantiene con la administración universitaria por pagos, seguros de vida, jubilaciones, ayudas sindicales y otras obligaciones del Contrato Colectivo de Trabajo.
Incorporan observaciones de la ASF por más de 253 millones de pesos
Tena Flores incorporó a su solicitud referencias a la auditoría de cumplimiento número 1260 de la Cuenta Pública 2024, practicada por la ASF a recursos transferidos a la Universidad Michoacana.
Según el documento presentado por el dirigente, la auditoría identificó transferencias de recursos federales a 20 cuentas bancarias y documentación justificativa y comprobatoria insuficiente sobre el destino y aplicación de 253 millones 443 mil 142.69 pesos. El señalamiento corresponde al Pliego de Observaciones 2024-4-99016-19-1260-06-001.
La ampliación también refiere pendientes de aclaración por 41 millones 254 mil 523.16 pesos de coparticipación estatal y 465 mil 790.25 pesos relacionados con combustible cuyo destino al parque vehicular universitario no habría sido acreditado durante la revisión.
Asimismo, menciona los procedimientos internos EI/005/2026/OIC/DI, EI/006/2026/OIC/DI y EI/010/2026/OIC/DI.
El dirigente retoma información periodística difundida el 3 de noviembre sobre tres pliegos con estatus de “no solventados”, aunque reconoce que debe corroborarse si corresponden a los derivados de esta auditoría.
Por ese motivo, pide al Congreso solicitar directamente a la ASF el estado actualizado de las observaciones, la documentación entregada por la Universidad, los montos aclarados, los pendientes y las acciones posteriores. Las observaciones citadas no constituyen, por sí mismas, una resolución definitiva de responsabilidad contra la rectora.
Solicitan expedientes a Rectoría y otras áreas universitarias
La petición incluye requerimientos de información a Rectoría, Secretaría General, Secretaría Administrativa, Comunicación Social, Consejo Universitario y Contraloría Universitaria.
Entre los documentos solicitados están las instrucciones para la movilización, la relación de vehículos utilizados y personal comisionado, las erogaciones, los contratos de comunicación social, los materiales impresos y los recursos destinados a difundir la protesta y el paro.
El SUEUM sostiene que la autonomía universitaria implica obligaciones de rendición de cuentas sobre el uso de recursos, bienes y personal públicos. También argumenta que la administración del presupuesto incide en la capacidad de la institución para cumplir compromisos salariales, pensiones, seguros y prestaciones.
Por separado, el director de la Facultad de Derecho, Sergio Carmelo Domínguez Mota, también amplió su solicitud de juicio político contra la rectora Yarabí Ávila González.
