México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, optó por colocar a los medios de comunicación en el centro del debate sobre la inseguridad, al pedirles “bajarle a la nota roja” y sugerir que la cobertura de hechos delictivos es un factor determinante en el aumento de la percepción de inseguridad revelada por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.
Durante la conferencia en la que se presentaron los resultados económicos de 2025, Brugada fue cuestionada por el repunte en la percepción de inseguridad en la capital y por la situación en diversas alcaldías. Sin embargo, lejos de asumir una autocrítica sobre la política de seguridad de su administración, la mandataria puso el acento en el papel de la prensa.
“Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, las denuncias y cómo vamos”, sostuvo, al tiempo que argumentó que más del 60% de la población se informa sobre temas de seguridad a través de noticieros de televisión, según la propia ENSU. Para Brugada, la constante difusión de noticias sobre violencia influye directamente en cómo la ciudadanía evalúa su entorno.
El planteamiento, no obstante, abre un flanco delicado: trasladar la responsabilidad de la percepción social a los medios implica minimizar la experiencia cotidiana de miles de capitalinos que reportan sentirse inseguros en calles, transporte público y colonias específicas. La percepción, aunque no siempre coincida con las cifras oficiales, también es un indicador de confianza —o desconfianza— en las autoridades.
La jefa de Gobierno insistió en que los delitos han disminuido en las alcaldías de la ciudad y reconoció que la nota roja “es lo que atrae” a las audiencias, pero sostuvo que forma parte de una cultura informativa que alimenta el miedo social. En ese contexto, propuso un “gran acuerdo” con los medios para reducir la difusión de este tipo de contenidos, bajo el argumento de que ayudaría a mejorar el ánimo colectivo.
Como antecedente, Brugada recordó el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” firmado en 2011 por más de 700 medios, durante la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón. Sin embargo, aquel acuerdo también fue objeto de críticas por abrir la puerta a la autocensura y por no resolver de fondo el problema de la violencia.
