Jalisco.- La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, exhibe nuevamente la penetración del crimen organizado en gobiernos municipales y refuerza las alertas sobre la fragilidad institucional en regiones clave del país. El edil, emanado de Morena, fue capturado junto con tres altos funcionarios de su ayuntamiento por su presunta participación en una red de extorsión y corrupción ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El arresto, anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se inscribe en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en la llamada Operación Enjambre, con la que el gobierno federal ha comenzado a desmantelar estructuras criminales enquistadas en administraciones locales.
De acuerdo con información oficial, Rivera Navarro habría utilizado el aparato municipal para extorsionar a empresarios cerveceros y tequileros, sectores estratégicos para la economía regional, mientras desviaba recursos públicos con la participación directa de funcionarios clave del ayuntamiento.
Entre los detenidos se encuentran el director de Seguridad Pública, el responsable de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas, perfiles que, según las autoridades, no solo facilitaron las operaciones de extorsión, sino que también mantenían vínculos con una célula del CJNG, uno de los grupos criminales más violentos y con mayor presencia territorial en el país.
El caso no es aislado. En mayo de 2025, el alcalde ya había sido citado por la Fiscalía estatal tras un evento musical en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, un hecho que encendió las alarmas sobre la normalización de la apología criminal en actos públicos.
La captura de Rivera Navarro y su círculo cercano representa un mensaje contundente del gobierno federal, pero también deja al descubierto un problema estructural: la cooptación de ayuntamientos por redes criminales que operan desde el interior del poder local, utilizando la seguridad pública y la obra municipal como instrumentos de control y financiamiento ilícito.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Tequila se suma a una lista creciente de municipios donde la frontera entre autoridad y delincuencia se ha desdibujado, planteando un reto mayúsculo para la gobernabilidad y la confianza ciudadana en las instituciones.
