Guadalajara, Jalisco.- Doce exgobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el expresidente Vicente Fox Quesada manifestaron públicamente su respaldo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Durante la lectura de un posicionamiento conjunto, Fox sostuvo que el caso representa una prueba para el Estado de derecho y llamó a que el proceso judicial se conduzca con estricto respeto a las garantías constitucionales.
“Nadie está por encima de la ley, pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos fundamentales”, expresó el exmandatario al fijar la postura del grupo de exgobernadores.
Los firmantes cuestionaron la imparcialidad con la que, aseguran, está actuando el Poder Judicial y criticaron que Ruffo permanezca recluido en el penal federal del Altiplano, al considerar que no representa un riesgo de violencia y que, debido a su edad —más de 70 años—, podría enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria.
Asimismo, denunciaron que la defensa del exgobernador enfrenta dificultades para mantener comunicación con su cliente debido a las restricciones existentes dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1, situación que, afirmaron, limita el derecho a una defensa adecuada.
Fox también cuestionó que la Fiscalía General de la República centre sus investigaciones en Ruffo Appel cuando, aseguró, desde hace años existen denuncias sobre estructuras de contrabando de combustibles y evasión fiscal de mayor dimensión que aún no han sido esclarecidas.
Los exmandatarios panistas señalaron además presuntas irregularidades durante el proceso judicial, entre ellas una supuesta insuficiencia de pruebas, la falta de valoración de elementos de descargo y la realización de audiencias que calificaron como poco transparentes.
Finalmente, hicieron un llamado para que el caso sea resuelto con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los principios de independencia judicial, mientras las autoridades federales continúan con las investigaciones relacionadas con el presunto esquema de huachicol fiscal.
