Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2025 — Una investigación reciente de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha revelado que, durante los meses de abril y mayo de 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador utilizó el software espía Pegasus para intervenir las comunicaciones de al menos 456 personas en México, incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos.
México encabeza el uso de Pegasus
Según documentos judiciales presentados en el litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group, México se posicionó como el país con más víctimas de Pegasus en el periodo mencionado, superando a India y Baréin. R3D destacó que esta información “muestra, por primera vez, la escala del espionaje estatal con Pegasus que ha sido sistemáticamente negado por el gobierno mexicano” Aristegui Noticias.
El Ejército mexicano y la adquisición de Pegasus
Investigaciones periodísticas han señalado que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) adquirió Pegasus en 2019 y lo utilizó para espiar a activistas y periodistas. A pesar de las solicitudes de información, la SEDENA ha ocultado los contratos relacionados con la compra del software, indicó El País.
Negaciones presidenciales frente a evidencias crecientes
En diversas ocasiones, el presidente López Obrador negó que su gobierno realizara espionaje. En una conferencia mañanera de marzo de 2023, afirmó: “Nosotros no espiamos a nadie”, y argumentó que las actividades de inteligencia se llevaban a cabo para combatir al crimen organizado. Sin embargo, las pruebas presentadas contradicen estas declaraciones, indica Aristegui Noticias.
Víctimas del espionaje: periodistas y defensores de derechos humanos
Entre las personas espiadas se encuentran al menos tres periodistas y defensores de derechos humanos, cuyos teléfonos fueron intervenidos con Pegasus entre 2019 y 2021. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han sido blanco de estas prácticas.
Reacciones y demandas de transparencia
La revelación ha generado indignación entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes exigen al gobierno actual una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas por estas prácticas de espionaje. La falta de transparencia y la negativa a reconocer estas acciones han sido ampliamente criticadas.
Conclusión: un llamado a la rendición de cuentas
Las evidencias presentadas por R3D y otras organizaciones ponen en entredicho las afirmaciones del gobierno de López Obrador respecto al respeto de los derechos humanos y la privacidad. Es imperativo que se esclarezcan estos hechos y se tomen medidas para garantizar que tales violaciones no se repitan en el futuro.
