Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Hacienda actualizó las reglas para quienes realizan actividades consideradas vulnerables, con nuevas obligaciones orientadas a detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero mediante una actualización de las reglas que deben cumplir quienes realizan actividades vulnerables.
Las nuevas disposiciones establecen mayores requerimientos de cumplimiento y forman parte de la adaptación de México a estándares internacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Uno de los principales cambios es la adopción obligatoria de un enfoque basado en riesgo.
Esto significa que los sujetos obligados deberán evaluar, clasificar y documentar el nivel de riesgo de sus clientes o usuarios, considerando factores como el tipo de operación, los productos o servicios utilizados, los canales mediante los cuales se realizan las transacciones y la zona geográfica involucrada.
La medida busca que la vigilancia no sea igual para todas las operaciones, sino que se concentre especialmente en aquellas que representen mayores riesgos.
Las modificaciones se producen después de reformas legales aprobadas durante 2025 y 2026 y se relacionan con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito.
El marco regulatorio mexicano ya contempla obligaciones específicas para quienes realizan actividades vulnerables y mecanismos para proporcionar información a las autoridades cuando determinadas operaciones cumplen los supuestos establecidos por la legislación.
Con las nuevas reglas, empresas y personas sujetas a estas disposiciones deberán reforzar sus procesos internos de identificación, evaluación y seguimiento de clientes.
El objetivo final es cerrar espacios para que recursos de origen ilícito puedan ingresar o circular dentro de la economía formal.
