México.- El proceso de negociación para establecer el salario mínimo que estará vigente en México durante 2027 está por comenzar, con diferentes propuestas entre los representantes del sector empresarial, las organizaciones sindicales y el Gobierno federal. El objetivo será alcanzar un incremento que permita mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin afectar la generación de empleos formales.
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) prepara el inicio de las deliberaciones formales para definir el porcentaje de aumento que recibirán millones de trabajadores mexicanos a partir del próximo año.
Por parte del sector empresarial, organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han planteado que el incremento se mantenga en un solo dígito, con una propuesta que oscila entre el 9 y el 9.9 por ciento. Otra alternativa consiste en establecer un ajuste equivalente a la inflación observada más un punto porcentual.
La postura de los empresarios responde a la preocupación por los costos laborales que representa un aumento salarial, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con este planteamiento, limitar el incremento permitiría mantener la estabilidad de los negocios, reducir presiones económicas y preservar las fuentes de empleo formal.
En contraste, las organizaciones sindicales consideran necesario impulsar un aumento mayor que permita mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y avanzar hacia un salario digno. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha señalado que buscará incrementos orientados a fortalecer el ingreso de las familias.
Por su parte, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ha planteado directamente un incremento del 12 por ciento, con la intención de que los trabajadores puedan enfrentar de mejor manera el costo de los productos y servicios básicos.
Desde la perspectiva gubernamental, las condiciones actuales del empleo y el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) permitirían considerar un aumento superior al 10 por ciento. La intención es continuar con la recuperación del poder adquisitivo y avanzar hacia el objetivo de que, para 2030, el salario mínimo permita adquirir el equivalente a 2.5 canastas básicas urbanas.
La negociación tendrá que encontrar un punto de equilibrio entre las demandas de los trabajadores y las preocupaciones del sector patronal, tomando en cuenta factores como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la capacidad de las empresas para cubrir los nuevos costos salariales.
Aunque todavía no existe un porcentaje definitivo, las propuestas anticipan una discusión en la que estarán en juego los ingresos de millones de mexicanos. La resolución de la Conasami determinará el aumento que entrará en vigor en enero de 2027 y marcará el rumbo de la política salarial del país.
