Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2026.- Mientras el discurso oficial de Morena y el gobierno del estado insiste en que Michoacán atraviesa su mejor momento en materia de seguridad en una década, los datos de percepción ciudadana, los informes internacionales de la DEA y los estudios independientes obligan a una lectura más crítica del panorama real que vive la entidad.
El mensaje oficial: reducción histórica de la violencia
La dirigencia estatal de Morena y funcionarios del gobierno de Michoacán han sostenido que la entidad registra avances “históricos” en seguridad. Jesús Mora, dirigente estatal del partido guinda, afirmó que Michoacán cerró 2025 con el nivel más bajo de homicidios en 10 años y que los datos “no admiten doble lectura”. En su posicionamiento, sostuvo que hoy se investiga, se detiene y se judicializa más que en el pasado, lo que —aseveró— demuestra que el Estado recuperó capacidad de control.
En la misma línea, la Secretaría de Gobierno con Carlos Torres Piña al frente destacaba en 2023 que la entidad pasó del quinto al octavo lugar nacional en homicidios dolosos mensuales, con una disminución de 41 por ciento respecto al año anterior, lo que fue presentado como evidencia de una estrategia de seguridad efectiva.
La percepción ciudadana se aleja del optimismo
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 para Michoacán ofrece un contraste significativo. De acuerdo con el levantamiento del INEGI, 20.8 por ciento de los hogares en el estado fue víctima de al menos un delito durante 2024, lo que equivale a más de 317 mil hogares afectados.
En términos de personas, la tasa de víctimas del delito se ubicó en 16 mil 572 por cada 100 mil habitantes, una cifra que refleja que la experiencia del delito sigue siendo cotidiana para una parte relevante de la población. A ello se suma que el costo económico de la inseguridad para los hogares michoacanos alcanzó los 10 mil millones de pesos en un solo año.
Seguridad, el talón de Aquiles
Uno de los datos más reveladores de la ENVIPE 2025 es la persistencia de la cifra negra. Solo 9.6 por ciento de los delitos cometidos en Michoacán se denunciaron ante el Ministerio Público en 2024 y apenas en 6.4 por ciento de los casos se inició una carpeta de investigación.
Esto significa que más del 93 por ciento de los delitos no llega a conocimiento formal de las autoridades, lo que pone en entredicho la narrativa de una justicia más eficaz y ayuda a explicar por qué la percepción de inseguridad no disminuye al mismo ritmo que algunos indicadores oficiales.
Michoacán en el radar internacional del crimen organizado
El informe National Drug Threat Assessment 2025 de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) coloca a Michoacán como un territorio estratégico para organizaciones criminales transnacionales. En el documento se identifica la presencia de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, particularmente por el control del puerto de Lázaro Cárdenas, clave para la importación de precursores químicos.
El reporte advierte que estos grupos no sólo trafican drogas sintéticas como fentanilo y metanfetamina, sino que también recurren a extorsión, violencia armada y control territorial, dinámicas que tienen impactos directos en la vida social y económica del estado.
Violencia política y control territorial: el diagnóstico de México Evalúa
La organización México Evalúa advierte que Michoacán es uno de los principales focos rojos del país en materia de violencia político-criminal. Entre 2018 y 2025, la entidad concentró alrededor del 6 por ciento de las víctimas de este tipo de violencia a nivel nacional y duplicó el número de casos en ese periodo.
El análisis subraya que Michoacán se ha convertido en el estado más peligroso para ejercer como presidente municipal, con al menos ocho alcaldes asesinados y un incremento de 500 por ciento en agresiones contra autoridades locales. Para la organización, estos datos reflejan la consolidación de un régimen criminal que rebasa la capacidad del Estado para garantizar seguridad y gobernabilidad.
“Michoacán es la entidad en donde más alcaldes han sido asesinados (8): Aguililla, Churumuco, Coatepec, Cotija, Tacámbaro, Tepalcatepec y dos veces Buenavista, han perdido a sus alcaldes a manos del crimen organizado. Por supuesto, considerando noviembre, la cifra incrementa al incluir a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan”, indica el informe.
Entre estadísticas y realidad cotidiana
Si bien algunos indicadores delictivos muestran reducciones, la percepción ciudadana, la cifra negra, el impacto económico del delito y la presencia de organizaciones criminales sugieren que la seguridad en Michoacán sigue siendo un problema estructural.
Más que una “campaña del miedo”, como sostienen actores políticos, los datos de la ENVIPE 2025, el informe de la DEA y los análisis de México Evalúa apuntan a una realidad compleja, donde la disminución de ciertos delitos no se traduce automáticamente en confianza ciudadana ni en control efectivo del territorio.
