Morelia, Michoacán.— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama el pago de 695 millones 219 mil pesos a Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, empresa de la que es socio José María “Chema” Tapia Franco, exdirector del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y actual militante de Morena.
De acuerdo con documentos consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la compañía habría omitido enterar al fisco parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en un contrato por mil 236 millones de pesos que recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
La empresa también enfrenta señalamientos por la presunta omisión del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de multas, recargos y actualizaciones acumuladas durante los últimos seis años.
Contrato para comprar ventiladores durante la pandemia
En marzo de 2020, la SEDENA adjudicó directamente a Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos un contrato por 52 millones 606 mil euros, equivalentes entonces a aproximadamente mil 236 millones de pesos, para adquirir mil 330 ventiladores destinados a pacientes con COVID-19.
La compañía había sido constituida en diciembre de 2018 por Tapia Franco y su esposa, Lorena del Paso Bouchez, quienes concentraban el 90 por ciento de las acciones. El porcentaje restante fue asignado a Daniel Monroy Fuentes y Edwin Alejandro Medina Hernández, antiguos colaboradores del político durante su gestión en el Fonden.
El contrato estableció que 730 de los equipos serían adquiridos en China a la empresa AON Medics. Cada ventilador fue vendido al gobierno mexicano en 35 mil euros, equivalentes a unos 940 mil 800 pesos conforme al tipo de cambio de ese momento.
SEDENA habría pagado casi el triple por cada equipo
Una factura del fabricante chino, obtenida por MCCI, indica que cada ventilador tuvo un precio de 16 mil dólares, aproximadamente 388 mil 480 pesos al tipo de cambio vigente en 2020. La SEDENA, sin embargo, habría pagado casi tres veces esa cantidad por cada unidad.
Una auditoría sobre los recursos utilizados durante la pandemia confirmó que la primera transferencia a la empresa se realizó el 1 de abril de 2020. Según la investigación, fue precisamente a partir de ese mes cuando el SAT detectó que la compañía no habría reportado el IVA correspondiente.
Deuda original superó los 221 millones de pesos
Los documentos fiscales señalan que la empresa omitió originalmente el pago de 179 millones 297 mil 761 pesos de IVA. Con actualizaciones por inflación, recargos y gastos de ejecución, la cantidad reclamada por este concepto aumentó a 458 millones 96 mil 199 pesos.
El SAT también determinó una presunta omisión de ISR por 42 millones 672 mil 248 pesos correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. Ese adeudo habría crecido hasta alcanzar 106 millones 397 mil pesos.
A estas cantidades se agregaron multas por infracciones tributarias que originalmente ascendían a 122 millones 230 mil 655 pesos y que aumentaron a 130 millones 725 mil pesos.
La suma de impuestos, actualizaciones, recargos y sanciones colocó el crédito fiscal en 695 millones 219 mil pesos.
SAT advierte sobre posible embargo de bienes
Un mandamiento de ejecución emitido el 21 de abril de 2026 ordenó a la empresa cubrir los adeudos fiscales acumulados desde hace seis años.
Los documentos revisados por MCCI advierten que, si la compañía no liquida la cantidad reclamada, las autoridades podrían proceder al embargo de bienes, depósitos bancarios o seguros suficientes para garantizar el crédito fiscal.
La empresa ya había sido requerida por el SAT debido a operaciones de comercio exterior realizadas en diciembre de 2020. En ese caso, presuntamente omitió pagar un millón 621 mil pesos por la importación definitiva de al menos 33 ventiladores.
La compañía habría cubierto únicamente el impuesto correspondiente a una importación temporal, aunque los equipos permanecerían en México. El adeudo seguía sin pagarse cinco años después, según una diligencia de embargo fechada el 31 de marzo de 2025.
Empresa asegura que uno de los créditos fiscales fue aclarado
En respuesta a un cuestionario enviado por MCCI, Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos sostuvo que el crédito fiscal correspondiente a 2020 fue aclarado ante las autoridades y que “se determinó su baja”.
Respecto al ejercicio fiscal de 2021, la compañía aseveró que el crédito se encuentra “sujeto a un procedimiento de revisión y clarificación”, conforme a los “derechos previstos en el marco jurídico”.
La empresa argumentó que este procedimiento no representa “una negativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales”. Por tanto, la determinación señalada en los documentos del SAT permanece bajo controversia y revisión, según la postura de la propia compañía.
Retrasos provocaron una sanción de 61 millones de pesos
El contrato otorgado por la SEDENA tenía como fecha límite el 31 de diciembre de 2020 para entregar los ventiladores. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación documentó un retraso de dos meses en la recepción de los equipos.
Debido al incumplimiento de los plazos, la dependencia militar impuso a la empresa una penalización superior a 61 millones de pesos.
Tapia adquirió propiedades mientras crecían los adeudos
La investigación también señala que, mientras las autoridades fiscales enviaban requerimientos a su empresa, Tapia Franco adquirió inmuebles en México y Estados Unidos.
Entre las propiedades se encuentra un departamento en el condominio 888 Via Acqualina, en Miami, Florida, cuyo valor actual sería de 6.5 millones de dólares, equivalentes a más de 100 millones de pesos.
La escritura fue formalizada el 13 de marzo de 2023. El inmueble cuenta con cuatro dormitorios, balcones panorámicos con vista al mar y un espacio de alojamiento para personal de servicio.
MCCI también documentó que el empresario compró en 2019 una residencia valuada en más de un millón de dólares en Woodlands, al norte de Houston. A su patrimonio se sumarían dos terrenos en el fraccionamiento El Campanario, en Querétaro, y un departamento en Acapulco.
Chema Tapia pasó del PRI a Morena
José María Tapia encabezó el Fonden entre 2013 y 2016, durante la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Posteriormente ocupó la Secretaría de Acción Electoral del PRI y en 2017 llegó al Senado para cubrir la vacante de Pablo Escudero Morales, del Partido Verde.
Tapia renunció al PRI en julio de 2023 y después se acercó a Morena. En 2024 fue registrado como candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pero perdió la elección frente a Fernando Macías, abanderado del PAN, PRI y PRD.
El 26 de junio pasado volvió a participar en el proceso interno de Morena como aspirante a la gubernatura de Querétaro. Después de que Santiago Nieto fue designado coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Tapia anunció públicamente su incorporación al proyecto.
El caso se suma a controversias por adeudos fiscales
La situación de la empresa vinculada con Chema Tapia se agrega a las controversias relacionadas con otros personajes cercanos a Morena señalados por adeudos ante el SAT, entre ellos el productor Epigmenio Ibarra y el diputado federal Arturo Ávila.
En el caso de Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos, será el procedimiento fiscal en curso el que determine si continúa vigente la totalidad del crédito reclamado por el SAT o si prosperan las aclaraciones presentadas por la compañía.
