Morelia, Michoacán.— Tras el escándalo del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y servidores públicos, el gobierno de México presentó un sistema de narcocandados.
Luego de las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico para llegar al poder, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma electoral que buscará impedir que personas relacionadas con la delincuencia organizada obtengan candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
La propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que tendría acceso a información de inteligencia y seguridad para ubicar posibles riesgos criminales entre aspirantes a cargos públicos.
Sheinbaum plantea un “filtro” contra narcocandidatos
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la iniciativa forma parte de una serie de propuestas que originalmente integraban el llamado “Plan A” de Reforma Electoral y que ahora serán retomadas aprovechando el periodo extraordinario del Congreso.
“Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo que vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario para presentarla, esta propuesta en realidad venía en el plan A”, argumentó Claudia Sheinbaum.
La Presidenta sostuvo que el objetivo principal es evitar que partidos políticos postulen candidatos con posibles nexos con organizaciones criminales, especialmente luego de diversos señalamientos que han surgido contra autoridades locales en distintas entidades del país.
“Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, aseveró.
Así funcionaría la Comisión de Verificación de Integridad
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la nueva comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales seleccionados por el Consejo General del INE, quienes permanecerían tres años en funciones.
Este órgano tendría comunicación permanente con instituciones de inteligencia, procuración de justicia y vigilancia financiera para analizar perfiles de aspirantes a candidaturas, tales como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Las autoridades no entregarían expedientes completos ni detalles de investigaciones, sino únicamente alertas sobre la existencia de un “riesgo razonable” relacionado con delincuencia organizada.
Los partidos decidirán si registran o no a los candidatos
De acuerdo con la propuesta presidencial, la participación de los partidos políticos sería voluntaria; sin embargo, los aspirantes tendrían que aceptar obligatoriamente ser sometidos a revisión si desean participar en el proceso.
