Morelia, Michoacán.- Una iniciativa impulsada en el Congreso del Estado de Michoacán busca endurecer las sanciones contra los narcolaboratorios, incorporando castigos específicos por la contaminación ambiental que generan estas instalaciones clandestinas, particularmente en zonas rurales.
Propuesta busca cerrar vacío legal en materia ambiental
La diputada Sandra María Arreola Ruiz presentó un proyecto de decreto para adicionar el artículo 194 Bis al Código Penal Federal y reformar el artículo 464 de la Ley General de Salud, con el objetivo de tipificar y agravar el delito relacionado con la operación de narcolaboratorios y sus efectos contaminantes .
La propuesta señala que, aunque actualmente se sanciona la producción de narcóticos, no existe una figura penal específica que castigue el daño ambiental derivado del vertimiento de residuos tóxicos.
De acuerdo con la exposición de motivos, por cada kilogramo de metanfetamina producido se generan entre cinco y seis kilogramos de desechos peligrosos, incluyendo sustancias como ácido clorhídrico, acetona, fósforo rojo y metilamina.
Estos residuos, al ser vertidos sin control, afectan suelos, contaminan mantos freáticos y representan riesgos para la salud de las comunidades cercanas, además de provocar daños ecológicos de largo plazo.
Preocupa el número de narcobaboratorios
El documento advierte que Michoacán se ha consolidado como una zona relevante en la producción de drogas sintéticas, con al menos 52 narcolaboratorios detectados entre 2018 y 2024.
Entre los casos recientes, se reporta el aseguramiento de cinco laboratorios en municipios como Madero y Morelia durante 2025, donde se localizaron 42 toneladas de metanfetamina y miles de litros de precursores químicos.
La iniciativa subraya que, pese a los esfuerzos de las autoridades, el fenómeno continúa en expansión. Entre 2019 y 2024 se aseguraron al menos 282 laboratorios clandestinos, mientras que en el primer semestre de 2025 ya se contabilizaban 96 decomisos .
Además, entidades como Sinaloa, Durango, Jalisco y Michoacán concentran la mayor presencia de estos centros de producción ilegal.
Penas más duras por armar narcolaboratorios
El proyecto establece penas de dos a seis años de prisión para quienes instalen o financien narcolaboratorios, mismas que podrían aumentar hasta en una mitad si se comprueba contaminación por vertimiento de sustancias tóxicas .
Asimismo, se plantea castigar con tres a nueve años de cárcel a quienes posean o transporten precursores químicos sin autorización, con fines de producción ilegal.
La iniciativa también enfatiza la necesidad de proteger derechos humanos como el acceso a un medio ambiente sano y la salud pública, ante los riesgos que implican estos sitios clandestinos para las comunidades.
El documento fue turnado a la Mesa Directiva del Congreso local, encabezada por Baltazar Gaona García, para su eventual envío al Congreso de la Unión.
