Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó una nueva ley que otorga al fiscal general el control sobre los principales organismos anticorrupción del país, desatando una oleada de protestas en varias ciudades y fuertes críticas de sectores opositores y organizaciones civiles.
La legislación, aprobada recientemente por el Parlamento, establece que tanto la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) como la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) quedarán bajo supervisión directa del fiscal general, un cambio que, según analistas y activistas, debilita seriamente la independencia operativa de ambas instituciones.
Grupos ciudadanos y organizaciones protransparencia salieron a las calles en Kiev, Leópolis y Odesa para expresar su rechazo a la medida, advirtiendo que representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, uno de los compromisos clave de Ucrania ante socios internacionales como la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
“Esta ley abre la puerta a la manipulación política de las investigaciones anticorrupción y erosiona la confianza en las instituciones”, declaró en un comunicado la ONG Transparencia Internacional Ucrania.
En respuesta a las críticas, Zelensky defendió la decisión durante un discurso televisado el miércoles. Afirmó que tanto NABU como SAP “seguirán funcionando”, pero argumentó que era necesario “limpiar estas instituciones de la influencia rusa”, en referencia a supuestas injerencias externas en organismos clave del Estado.
A pesar de las declaraciones del mandatario, diversos expertos alertan que la medida podría afectar negativamente el proceso de reformas institucionales en el país, especialmente en momentos en que Ucrania busca avanzar en su candidatura para ingresar a la Unión Europea.
Hasta el momento, organismos internacionales no han emitido una posición oficial, pero se espera que el tema sea abordado en los próximos días en foros diplomáticos y financieros donde se evalúa el cumplimiento de estándares democráticos en Ucrania.
