Morelia, Michoacán.- El magistrado de la Primera Sala Civil de Zitácuaro, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, contestó a la comunicación de comentarios solicitada por Cuestiona.News acerca del poder notarial que el entonces gobiernador Silvano Aureoles Conejo le otorgó en el año 2018.
En su respuesta, afirma que el poder notarial era parte de su actividad pública y rechaza que se trate de una representación vigente o relacionada con asuntos actuales.
Se reproduce la respuesta del magistrado Víctor Lenin Sánchez Rodríguez de manera íntegra:
Con relación a la nota publicada el día de hoy, considero necesario precisar lo siguiente:
Fui Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Michoacán del 4 de abril de 2018 al 14 de agosto de 2020. Durante ese periodo realicé funciones estrictamente institucionales, propias de la representación jurídica del Gobierno del Estado y del entonces titular del Poder Ejecutivo.
Respecto del poder notarial al que se hace referencia, debe aclararse un dato fundamental que la nota omite: dicho instrumento fue firmado por el entonces Gobernador Constitucional del Estado el 30 de agosto de 2018 y en su cláusula segunda, página dos, establece textualmente:
“El presente mandato se otorga y confiere al apoderado por el término de tres años…”
Es decir, el propio documento definió expresamente el plazo de la representación legal. Por tanto, cualquier afirmación o insinuación que pretenda presentar dicho poder como una representación vigente, actual o relacionada con asuntos posteriores, carece de contexto y resulta materialmente imprecisa.
También debe precisarse que las actuaciones realizadas durante mi encargo fueron de carácter público, institucional y jurídico. Entre ellas se encontraron acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluidas controversias constitucionales promovidas en defensa de competencias y posiciones jurídicas del Estado de Michoacán.
Mi encargo como Consejero Jurídico concluyó formalmente el 14 de agosto de 2020. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2020, fue designado como Consejero Jurídico el ciudadano Wilfrido Machado Arias, por lo que cualquier responsabilidad institucional posterior correspondió a quien asumió dicho cargo.
Por ello, rechazo categóricamente cualquier intento de presentar actuaciones institucionales realizadas en el ejercicio de un cargo público como si constituyeran una defensa privada, personal o actual.
La omisión del plazo expreso contenido en el propio poder notarial evidencia un tratamiento parcial de la información y un claro sesgo político en la publicación, pues se pretende generar una percepción pública distorsionada a partir de un documento cuya vigencia estaba expresamente limitada.
Hoy me desempeño como juzgador, con plena responsabilidad institucional y con absoluto compromiso con la legalidad, la independencia judicial, la imparcialidad, la transparencia y una justicia cercana a la gente.
La verdad exige contexto. Y el contexto es claro: actué como servidor público, dentro del periodo de mi encargo, conforme a las atribuciones legales que correspondían a la Consejería Jurídica.
El magistrado mando dos capturas de pantalla para destacar sus precisiones.
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La nota completa está aquí: Los poderes de Silvano
