Morelia, Michoacán.— El exgobernador Silvano Aureoles Conejo hoy está prófugo de la justicia, pero en el Registro de Notarías se encuentra un poder notarial autorizado por el hoy secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, con sus facultades de notario público.
El poder es amplio y dice que será válido hasta en tanto éste no sea revocado.
El exgobernador Silvano Aureoles Conejo otorgó en 2018 el poder notarial en favor del hoy magistrado Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, hoy adscrito a la Primera Sala Civil de Zitácuaro, mediante el cual le concedió facultades generales para representarlo en diversos ámbitos legales, incluidos procedimientos de carácter penal o criminal.
“Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, a fin de que pueda representarme en todo negocio o juicio de jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta, en materia civil, criminal, mercantil, federal, administrativa, electoral, fiscal, laboral, agraria, penal o del trabajo, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y ante toda clase de personas, autoridades o corporaciones, ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad de la Federación, de los estados o municipios, ya se trate de autoridades fiscales, civiles, judiciales, administrativas, penales, militares, agrarias o del trabajo, del fuero común o federal, así como ante toda clase de personas físicas o morales, para que presente y conteste demandas, oponga excepciones, reconvenciones, someterse a cualquier jurisdicción, transigir, articular y absolver posiciones”, se lee en el documento.
El poder otorgado por Silvano Aureoles Conejo, que en ese tiempo era gobernador constitucional, incluía la facultad para “estipular procedimientos convencionales, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos, y demás personas que en derecho sean recusables”. No se trata de un poder para un trámite en específico.
Lo mismo incluyó el documento notariado la facultad para “reconocer firmas y documentos, objetándolos estos y redargüirlos de falsos, en su caso transigir, y comprometer en árbitros, asistir a juntas y diligencias de cualquier índole, hacer posturas, pujas y mejoras, obteniendo la adjudicación de toda clase de bienes, para formular, presentar y ratificar acusaciones, quejas, denuncia y querellas de carácter penal, en materia federal, estatal o municipal, y en su caso, otorgar el perdón”.
En estos momento, el exmandatario enfrenta un proceso legal en el que está en alegatos por defender que se falsificó la firma en un supuesto quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por construcción a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil. El propio exgobernador, de acuerdo con versiones periodísticas, impugnó el fallo con este recurso.
En una comunicación vía correo electrónico, se le explicó al magistrado Víctor Lenin Sánchez Rodríguez que Cuestiona.News preparaba un texto al respecto y quedaba abierto el espacio para conocer su postura. Se le preguntó si existía alguna recocación expresa para ese poder y si él formaba parte de la estructura de defensa legal del exmandatario. Hasta el momento de la publicación, no se recibieron comentarios.
Un poder amplio
El documento conferido es un “poder general para pleitos y cobranzas”, figura jurídica que en la legislación mexicana implica la autorización para intervenir en juicios y procedimientos de distinta naturaleza, tanto en materia civil como penal, administrativa, laboral y federal.
El documento establece que el apoderado (hoy magistrado Lenin Sánchez Rodríguez) puede actuar en nombre del otorgante (Silvano Aureoles) ante distintas autoridades, incluyendo ministerios públicos, tribunales y dependencias federales, con la capacidad de presentar denuncias, querellas, desistimientos, así como comparecer en procesos judiciales y promover recursos legales. Entre las facultades descritas también se encuentra la posibilidad de intervenir en procedimientos penales, lo que abarca la defensa o representación en asuntos relacionados con posibles conductas delictivas.
Además de las facultades generales, el poder incluye atribuciones específicas para realizar trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tales como registros de marca, patentes y otros procedimientos administrativos vinculados con derechos de propiedad industrial.
Silvano Auroles, marca registrada
La marca Silvano Aureoles sí se encuentra registrada en el IMPI desde el año 2018, se reconoce su uso desde 1989 y la protección se terminará hasta el año 2028. Aureoles presentó la solicitud de protección de derechos como “Silvano Aureoles” y “Silvano Aureoles Conejo” a finales de 2018 y principios de 2019.
El exgobernador protegió en dos ocasiones dos versiones su nombre, respectivamente: “Silvano Aureoles” y Silvano Aureoles Conejo” con lo que obtuvo cuatro registros, todos dentro de la clase 35 del IMPI, que otorga protección en materia de uso industrial en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.
Dos de ellos en favor del hoy magistrado Víctor Lenin Sánchez Rodríguez y otros dos en favor de Julieta López Bautista, quien entonces fungía como su vocera y hoy es la encargada de Comunicación Social del gobierno de Nuevo León, encabezado por el emecista Samuel García.
Un poder… limitado y específico
Para Julieta López Bautista también se emitió un poder notarial, pero bastante más acotado.
El exgobernador de Michoacán otorgó en 2019 un poder notarial a favor de la entonces funcionaria Julieta López Bautista, mediante el cual le concedió facultades para representarlo en múltiples ámbitos legales, administrativos y de propiedad industrial firmado por la notaria pública Margarita Cano Villalón, hoy vicefiscal de Derechos Humanos en Michoacán.
De acuerdo con la escritura pública número 18,400, levantada ante la Notaría Pública número 60 en Morelia, Aureoles concedió un poder general para pleitos y cobranzas, con facultades que abarcan materias civil, penal, administrativa, laboral y mercantil, tanto en jurisdicción local como federal.
El documento establece que la apoderada podía interponer denuncias, desistirse de acciones legales, otorgar perdón en procedimientos penales y actuar como coadyuvante del Ministerio Público, entre otras atribuciones .
Además, se le otorgó un poder especial para realizar trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (sic), incluyendo el registro de marcas con el nombre “Silvano Aureoles” y “Silvano Aureoles Conejo”, así como la gestión de patentes, diseños industriales, avisos comerciales y denominaciones de origen.
El instrumento también señala que el mandato fue otorgado con carácter revocable y que el otorgante aceptaba la responsabilidad por los actos realizados por su apoderada. Asimismo, se estableció la obligación de rendir cuentas durante un periodo de dos años contados a partir de la firma del documento.
El poder surtía efectos en todo el territorio nacional y las partes acordaron someterse a la jurisdicción de los tribunales de Morelia, Michoacán, para cualquier controversia derivada del mismo.
En ambos poderes, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo aparece con el cargo de ingeniero, cuando su cédula profesional de la Universidad Autónoma Chapingo indica en realidad que es “Licenciado en Ingenieria Forestal con Orientación en Silvicultura”. Asimismo, en ambos documentos escriben de manera errónea el nombre del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al que refieren como Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
La opinión de abogados especialistas
Acerca del primer poder notarial otorgado a Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, se consultó con tres abogados relacionados con la materia para entender si es posible que éste siga vigente.
Dos de ellos mencionaron que el poder no se extinguió automáticamente a los tres años y sigue vigente mientras no haya sido revocado formalmente.
Una de las fuentes considera que “el plazo de tres años puede limitar la validez de ciertas actuaciones específicas, particularmente las relacionadas con los trámites ante el IMPI”, pero el resto se mantienen vigentes en favor del hoy magistrado Sánchez Rodríguez.
Un tercer abogado consultado al respecto indica que el poder en su totalidad venció a los tres años de haberse emitido.
En general es poco común que alguna instancia, ya sea oficial o en el ámbito privado, acepte un poder notariado que haya sido emitido hace más de tres años. Pero todo depende de la interpretación.
