Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2025.- La diputada Lorena Piñón Rivera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), demandó la intervención inmediata de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y del secretario de Seguridad y Participación Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, para activar el “Protocolo Estatal de Protección para Candidatos y Candidatas Municipales en Riesgo” durante el proceso electoral del Poder Judicial del próximo 1 de junio.
Lorena Piñón Rivera destacó la urgencia de esta medida debido al contexto de violencia política que afecta a aspirantes a cargos públicos en la entidad.
“Reconocemos que la coincidencia con la primera elección de juzgadores presenta desafíos adicionales para la seguridad electoral, particularmente para quienes aspiran a posiciones en materia penal”, argumentó la legisladora en rueda de prensa.
Preocupación por la vulnerabilidad de candidatos a jueces
La legisladora priista alertó sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los candidatos a jueces en materia penal, quienes pueden ser blanco de amenazas o presiones de grupos criminales interesados en influir en futuras resoluciones judiciales.
“Los candidatos a juzgadores en materia penal enfrentan una vulnerabilidad específica, ya que la delincuencia organizada tiene un interés estratégico en cooptar e intimidar a quienes podrían resolver sobre sus casos futuros”, aseveró.
Sistema de alerta temprana y mapeo de zonas de riesgo
Lorena Piñón Rivera enfatizó que la protección de los candidatos debe ser una prioridad, por lo que propuso la implementación de un sistema de alerta temprana que permita identificar amenazas y movimientos inusuales de grupos delictivos en las diferentes regiones de Veracruz.
Planteó también que el protocolo contemple la creación de una Comisión Interinstitucional de Seguridad Electoral Municipal, con la participación de autoridades federales, estatales, municipales y del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, como un organismo que tendría la función de supervisar y coordinar las medidas de seguridad en el proceso electoral.
“Los criterios para asignar protección a candidatos municipales deben incluir un mapeo de zonas de alto riesgo, antecedentes de violencia política en el municipio, historial de amenazas a los aspirantes e índices delictivos locales”, explicó.
Guardia Nacional y recursos del FASP: medidas urgentes
La diputada priista también solicitó la asignación extraordinaria de elementos de la Guardia Nacional en los municipios de alto riesgo, desde el inicio de la campaña hasta la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos y juzgadores.
En este sentido, demandó que se destinen recursos extraordinarios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para fortalecer las medidas de protección.
“Es imprescindible garantizar que las elecciones se desarrollen en un ambiente de paz y legalidad”, mencionó.
El dirigente estatal del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana, respaldó esta petición y presentó ante el OPLE Veracruz una solicitud formal para que se instale un mecanismo institucional de protección a candidatos en condiciones de riesgo.
La democracia en riesgo: llamado a la acción inmediata
Lorena Piñón Rivera concluyó su intervención advirtiendo que la democracia en Veracruz enfrenta un panorama crítico, por lo que instó a los gobiernos estatal y federal a tomar medidas inmediatas para garantizar la integridad de los participantes en el proceso electoral.
“Este llamado no es partidista ni exclusivo para un tipo de candidatura, la democracia veracruzana está en riesgo y requerimos que tanto el gobierno federal como el estatal demuestren su compromiso implementando estas medidas de forma inmediata”, concluyó.
