Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2026.— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal contra los responsables de Portacelis Gas and Oil, empresa de Tabasco señalada por presuntas operaciones de huachicol fiscal que habrían provocado un daño al erario superior a los 834 millones de pesos.
La compañía estuvo administrada inicialmente por Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como un operador de confianza de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Portacelis habría importado combustible con información falsa
Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entregó a la FGR, el 25 de marzo de 2026, una declaratoria de perjuicio contra Portacelis Gas and Oil.
De acuerdo con la investigación fiscal, entre el 11 de febrero y el 27 de junio de 2025 la empresa tramitó 139 pedimentos para importar combustibles transportados en ferrotanques.
La autoridad hacendaria sostiene que las operaciones fueron realizadas con información falsa y sin cubrir correctamente los derechos e impuestos correspondientes, lo que habría ocasionado un perjuicio fiscal de 834 millones de pesos, de acuerdo con el diario El Norte.
El SAT solicitó proceder penalmente contra cinco personas, entre ellas empleados de la compañía y agentes aduanales presuntamente involucrados en la tramitación y entrada de los cargamentos.
Un operador relacionado con varias empresas de Amílcar Olán
Portacelis Gas and Oil fue constituida el 6 de agosto de 2024 ante el notario Manuel Alejandro Cachón, en Villahermosa, Tabasco. Sus accionistas nombraron como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo.
Documentos mercantiles consultados por MCCI muestran que De la Cruz Murillo también ocupó cargos en otras compañías relacionadas con Amílcar Olán.
- Fue registrado como comisario de Romedic, empresa que recibió contratos del extinto Instituto de Salud para el Bienestar para el suministro de medicamentos.
- Apareció como accionista de Poyago, una ferretera que en 2023 modificó su objeto social para comercializar medicamentos con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Fue titular del órgano de Vigilancia de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, constructora en la que Amílcar Olán posee el 90 por ciento de las acciones.
A partir de estos vínculos, la organización periodística considera que De la Cruz Murillo habría actuado como posible prestanombres del empresario tabasqueño.
Cambio de administrador despierta sospechas
El 23 de diciembre de 2024, al comienzo del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Juan Carlos de la Cruz renunció como administrador único de Portacelis Gas and Oil. Su lugar fue ocupado por José Alonso Ulin Hernández.
Según la información publicada por MCCI, Ulin tenía entonces 32 años, residía en la ranchería Ixtacomitán, en Jalpa, Tabasco, y no contaba con antecedentes empresariales conocidos.
La organización considera que la modificación de la estructura corporativa pudo tener como finalidad romper los vínculos visibles entre Portacelis y las personas que participaron en su creación.
“El movimiento fue una estrategia bien planeada. La estructura que quedó en Portacelis Gas and Oil después de la renuncia de Juan Carlos De la Cruz era la de una empresa preparada para operar negocios con sigilo: socios sin trayectoria, domicilios modestos en rancherías, y un organigrama que buscaba disolver cualquier vínculo evidente con las figuras que la fundaron”, explicó el periodista Raúl Olmos, de MCCI.
SAT no incluyó a De la Cruz entre las personas denunciadas
A pesar de que Juan Carlos de la Cruz participó en la constitución de Portacelis Gas and Oil y fue su primer administrador, el SAT no solicitó proceder penalmente en su contra.
La denuncia fiscal se dirigió contra José Alonso Ulin Hernández y los agentes aduanales que presuntamente colaboraron en las operaciones de contrabando. No obstante, la autoridad señaló directamente a Portacelis como la empresa responsable de las operaciones investigadas por huachicol fiscal.
Corresponderá a la FGR determinar si existen elementos suficientes para judicializar el expediente, solicitar órdenes de aprehensión o ampliar las investigaciones hacia otros integrantes de la estructura corporativa.
Amílcar Olán y su cercanía con “Andy” López Beltrán
Jorge Amílcar Olán ha sido identificado como amigo cercano de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y como un empresario que participó en negocios relacionados con obras prioritarias del gobierno.
Su nombre ha aparecido en investigaciones sobre contratos y suministros vinculados con proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Asimismo, conversaciones telefónicas atribuidas al empresario y difundidas públicamente han dado origen a señalamientos sobre posibles irregularidades en esas obras.
Agente aduanal investigado escapó a Estados Unidos
Víctor José Carretero Zardeneta, agente aduanal señalado como una pieza importante en las operaciones de Portacelis Gas and Oil, logró ingresar a Estados Unidos en enero de 2026, cuando la FGR presuntamente se preparaba para detenerlo en la frontera entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas.
Carretero Zardeneta es conocido también como pastor cristiano en la región fronteriza y cuenta con doble nacionalidad. Su nombre aparece en tres de las principales investigaciones federales relacionadas con el presunto contrabando de combustibles.
El agente aduanal enfrenta dos órdenes de aprehensión: una relacionada con el caso en el que ha sido mencionado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otra vinculada con tres militares que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros.
Además, es investigado por haber tramitado los 139 pedimentos de petrolíferos correspondientes a Portacelis Gas and Oil. Su ubicación en territorio estadounidense podría complicar las acciones de la justicia mexicana y abrir la posibilidad de un procedimiento de cooperación internacional.
