Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2025.- Con el objetivo de proteger a la infancia mexicana del crimen organizado, el Congreso de la Unión analiza una reforma constitucional que obligue al Estado a implementar medidas preventivas que eviten el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa, impulsada por la diputada Tania Palacios Kuri (PAN), busca modificar los artículos 4º y 16 de la Constitución para que las autoridades de todos los niveles de gobierno coordinen acciones que impidan la participación forzada de menores en actividades delictivas.
Una iniciativa para proteger a la niñez
La propuesta ha sido enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se analizará su viabilidad. En el documento se plantea que el reclutamiento de menores es una problemática que requiere atención urgente, ya que muchas veces los niños y adolescentes son forzados a involucrarse en actividades ilícitas sin su consentimiento.
Palacios Kuri argumentó que esta situación los expone a entornos de alto riesgo y los convierte tanto en víctimas como en perpetradores de violencia extrema. “Es fundamental que el Estado garantice la implementación de estrategias que frenen esta realidad y protejan el interés superior de la niñez”, aseveró.
El reclutamiento infantil: un problema multifactorial
La falta de oportunidades, la pobreza, la deserción escolar y la drogadicción son factores que facilitan que el crimen organizado capture a menores para sus operaciones. En comunidades con altos índices de marginación, estos grupos encuentran en los niños una presa fácil.
La legisladora subrayó que la ausencia de programas efectivos de inclusión social y educativa agrava la situación. “Sin acceso a educación y oportunidades de desarrollo, los menores quedan expuestos a un ciclo de violencia del que es difícil escapar”, mencionó.
Más de 34,000 delitos contra menores de edad en 2023
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en 2023 se registraron 34,971 delitos contra personas de entre 0 y 17 años, un aumento significativo respecto a los 30,704 casos de 2022.
Estas cifras reflejan una tendencia alarmante en la violencia contra la infancia en el país, lo que refuerza la urgencia de medidas legislativas y políticas públicas eficaces para frenar el reclutamiento infantil.
Compromiso internacional contra realidad nacional
México ha suscrito diversos acuerdos internacionales en defensa de los derechos de la infancia. Sin embargo, la diputada Palacios Kuri enfatizó que en el plano nacional “la deuda sigue siendo inmensa y de atención urgente”.
La propuesta de reforma busca convertir en una obligación constitucional la implementación de acciones preventivas a nivel federal, estatal y municipal. Esto garantizaría que la lucha contra el reclutamiento infantil no dependa de decisiones administrativas o cambios de gobierno.
Acciones urgentes para evitar más víctimas
Para que estas medidas sean efectivas, Palacios Kuri insistió en que se requieren recursos suficientes y correctamente asignados. “No sólo bastan reformas a legislaciones, también se requieren presupuestos adecuados para afrontar esta crisis que afecta a la infancia en México”, puntualizó.
Asimismo, destacó la importancia de un compromiso transversal entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, con la finalidad de que las estrategias de protección infantil se conviertan en una realidad.
La iniciativa continuará en discusión en el Congreso, mientras organizaciones civiles y expertos en derechos de la infancia presionan para que el tema sea una prioridad en la agenda nacional.
