Morelia, Michoacán, a 18 de julio de 2025. La publicación de una investigación periodística que acusa protección institucional al presunto líder huachicolero Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, ha desatado una respuesta del gobierno federal, que niega cualquier vínculo entre sus instituciones y redes criminales.
Con relación a la nota del Periódico Reforma donde refiere que había protección de @SEMAR_mx y de @FGRMexico a una célula criminal dedicada al robo de hidrocarburo preciso lo siguiente:
Después de seis meses de trabajos de investigación realizado por personal de @SSPCMexico en… pic.twitter.com/eLQWaMaIuf— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 18, 2025
Reforma señala protección desde la Marina, FGR y Pemex
De acuerdo con el reportaje publicado por Reforma, “Don Checo” habría recibido respaldo de funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Coordinación de Inteligencia de Petróleos Mexicanos (Pemex), según consta en una serie de intervenciones telefónicas realizadas como parte de la investigación en su contra.
El cabecilla de la organización, detenido en Ixtlahuaca, Estado de México, habría mantenido comunicaciones en las que se evidencian pagos semanales de hasta 25,000 pesos a funcionarios de Pemex, además de contactos con marinos y alertas anticipadas sobre cateos por parte de la FGR.
Audios filtrados muestran presunta red de corrupción
Entre los casi 2,000 audios obtenidos por la FGR, se incluye una conversación denominada “evento 800”, donde uno de los lugartenientes de Rebollo le informa sobre pagos sistemáticos a funcionarios, así como la entrega de sobres amarillos con dinero a personal de la petrolera y otras instancias.
En otro diálogo, se reporta que la FGR presuntamente avisó a “Don Checo” de un cateo inminente en un inmueble ubicado sobre la autopista México-Querétaro, lo que habría permitido mover combustible robado antes del operativo.
También se hace referencia a un mando policiaco municipal que solicitó 5 mil pesos para “gratificar” a un Ministerio Público y a un policía federal que intervinieron en la liberación de un presunto cómplice.
Gobierno federal rechaza versiones y asegura desarticulación
En respuesta, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó en redes sociales que no existen indicios ni pruebas de colusión entre la Marina y la FGR con organizaciones criminales. “Fueron precisamente estas instituciones las que desarticularon esta red criminal”, puntualizó.
Detalló que tras seis meses de investigación, se ejecutaron 12 cateos y 7 órdenes de aprehensión, lo que permitió detener a 32 personas y confiscar 16 millones de pesos, tractocamiones, pipas, tanques de almacenamiento y hasta animales exóticos. Harfuch consideró el operativo como “un hecho sin precedentes” en la lucha contra el robo de hidrocarburo.
La Semar y FGR, bajo escrutinio público
El señalamiento del diario nacional ha intensificado el escrutinio sobre las instituciones responsables de seguridad e investigación en el país. Aunque el Gobierno defiende que la operación fue ejecutada por las mismas instancias acusadas, el contenido de los audios abre la puerta a cuestionamientos sobre la existencia de posibles filtraciones o complicidades individuales dentro del aparato estatal.
La narrativa oficial sostiene que la acción judicial fue contundente y que no hay elementos que respalden las acusaciones de protección institucional. Sin embargo, la filtración de llamadas que refieren pagos y acuerdos plantea un escenario que podría derivar en investigaciones internas o en nuevas revelaciones.
El caso de “Don Checo” se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades federales aseguran que las indagatorias seguirán su curso para deslindar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias. El impacto político y judicial de este caso dependerá de la transparencia con la que se manejen los siguientes pasos.
