Morelia, Michoacán.— Los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias contemplan la posibilidad de imponer multas y sanciones a concesionarios de radio y televisión que desatiendan recomendaciones y mantengan prácticas contrarias a esos derechos.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que las sanciones serían determinadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y funcionarían como el último recurso dentro de un procedimiento iniciado por la queja de alguna persona.
“Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”, afirmó durante la conferencia matutina.
Consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto
Alcalde presentó en Palacio Nacional el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, el cual permanecerá en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto.
Las disposiciones serían obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta y radio, así como para prestadores de servicios de televisión y audio de paga y empresas programadoras.
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a concesionarios, organizaciones sociales, especialistas, académicos y ciudadanos a revisar el documento y formular observaciones antes de que sea aprobada su versión definitiva.
“Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información”, señaló.
¿Cómo se presentarían las quejas contra radio y televisión?
El procedimiento comenzaría cuando una persona presente una queja ante la defensoría de las audiencias del medio involucrado. Esa instancia tendría que solicitar un informe al concesionario y analizar si existió una vulneración.
En caso de acreditar alguna irregularidad, la defensoría emitiría una recomendación dentro de un plazo máximo de 20 días. El objetivo inicial sería que el propio medio adopte medidas para corregir la situación denunciada.
Si la recomendación no fuera atendida, la persona inconforme podría acudir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para solicitar su intervención.
Multas serían aplicadas solamente como última instancia
La participación de la Comisión no implicaría la imposición automática de una sanción. De acuerdo con el anteproyecto, las multas se valorarían solamente en casos extremos, cuando el concesionario persista en una conducta que vulnere los derechos de las audiencias.
Este mecanismo establecería distintas etapas antes de llegar a una medida económica: la presentación de la queja, el análisis de la defensoría, la emisión de una recomendación y la posible intervención del organismo regulador.
Medios deberán distinguir noticias, opiniones y publicidad
El anteproyecto reconoce el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, así como a diferenciar claramente las noticias de las opiniones y los contenidos editoriales de la publicidad.
Para cumplir con esta obligación, las estaciones tendrían que utilizar menciones, mensajes en pantalla, cortinillas, plecas u otros elementos que permitan identificar cuándo se presenta una opinión o un contenido publicitario.
También deberán permitir el ejercicio del derecho de réplica frente a información falsa o inexacta.
“La responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, afirmó la consejera Jurídica.
Defensorías deberán actuar con independencia e imparcialidad
Los concesionarios de radio y televisión estarán obligados a contar con un Código de Ética y a designar, por lo menos, a una persona defensora de las audiencias.
“Las personas defensoras deben regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. Las personas defensoras no deben tener conflicto de interés”, explicó Alcalde.
En el caso de estaciones comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona encargada de la defensoría deberá formar parte de la comunidad a la que presta servicio el medio.
Prensa escrita y plataformas digitales quedan fuera del proyecto
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los periódicos, revistas y plataformas digitales no están incluidos en estos lineamientos, debido a que las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se concentran en la radio y la televisión.
No obstante, planteó que será necesario discutir si en el futuro se requiere algún mecanismo relacionado con los derechos de las audiencias o de los usuarios en esos espacios informativos.
“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad”, expresó.
La mandataria sostuvo que la finalidad del proyecto es hacer efectivo el derecho constitucional de la población a recibir información veraz y garantizar condiciones más claras para distinguir entre información, opiniones y publicidad.
Lineamientos contemplan accesibilidad e inclusión
La propuesta también establece servicios de accesibilidad para personas con debilidad auditiva y plantea que las representaciones visuales difundidas en radio y televisión sean respetuosas e inclusivas.
Estas disposiciones buscan ampliar el acceso a los contenidos y prevenir mensajes discriminatorios o representaciones que afecten la dignidad de personas o grupos sociales.
Derechos de las audiencias fueron incorporados en 2013
Alcalde recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013 y desarrollados en la legislación secundaria de 2014.
Sin embargo, una reforma aprobada en 2017 eliminó parte de esas disposiciones. Esa modificación fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.
La funcionaria aseguró que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión recuperó y fortaleció los derechos de las audiencias. Los lineamientos sometidos ahora a consulta pública definirán los mecanismos para su aplicación por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
