“Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de Pemex o de SEP o de cualquier secretaría. Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente”, afirmó Claudia Sheinbaum.
Pemex y CFE deberán revelar información de sus filiales
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que el decreto contempla la publicación de contratos, informes, estados financieros, políticas internas, reglas de operación y documentos relacionados con el gobierno corporativo de las filiales.
“Se van a agregar a la información que se publica de Pemex también todos los informes ante las agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo de todas las filiales, cómo funcionan las filiales, sus políticas de operación y los contratos”, detalló.
Los nuevos contenidos deberán incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia en un plazo máximo de 30 días hábiles y mantenerse permanentemente actualizados. La difusión se realizará a través de Pemex y CFE, con la participación de sus respectivos consejos de Administración.
Régimen privado permitió rechazar solicitudes de información
Las leyes de Pemex y CFE consideran filiales a las empresas en las que ambas compañías participan, directa o indirectamente, con más del 50 por ciento del capital. Sin embargo, estas sociedades no son entidades paraestatales y se encuentran reguladas por el derecho privado del lugar donde fueron constituidas.
Ese régimen jurídico ha sido utilizado para argumentar que las filiales no son sujetos obligados directos en materia de transparencia.
Pemex, por ejemplo, sostuvo que Gasolinas Bienestar no tenía la obligación de entregar comprobantes relacionados con los pagos por los envíos de petróleo y productos derivados a Cuba.
La petrolera también ha atribuido determinadas operaciones a PMI Comercio Internacional, Pemex Procurement International e I.I.I. Servicios, para responder que los documentos solicitados no se encontraban en sus archivos o pertenecían a filiales fuera del alcance directo de las obligaciones de transparencia.
Deer Park y la compra de pipas, entre los antecedentes
En asuntos como la adquisición de la refinería Deer Park y la compra de 550 pipas, el extinto Instituto Nacional de Transparencia ordenó a Pemex efectuar búsquedas amplias en las áreas responsables de coordinar y supervisar las actividades de sus filiales.
La CFE ha sostenido una postura similar respecto de compañías como CFE Calificados, al considerar que no eran sujetos obligados directos debido a su constitución bajo un régimen de derecho privado.
Con el nuevo decreto, la información de esas empresas deberá integrarse a los mecanismos de transparencia de Pemex y CFE, independientemente de la figura jurídica utilizada para realizar sus operaciones.
Contratos federales se publicarán cada mes
El ordenamiento también establece que todos los contratos celebrados por el gobierno federal deberán publicarse mensualmente. Hasta ahora, la información correspondiente era actualizada cada tres meses.
“En materia de contrataciones públicas, lo que vamos a hacer es tener más oportuna la información. Actualmente se publica cada tres meses; lo vamos a publicar de manera mensual para que esté permanentemente actualizada toda la parte de contrataciones. Entonces, todos los contratos del Gobierno federal se publicarán de manera mensual”, afirmó Buenrostro.
La modificación permitirá consultar con mayor oportunidad los procedimientos de contratación y los compromisos económicos asumidos por las dependencias federales.
Órganos fiscalizadores divulgarán avances de auditorías
El decreto amplía además las obligaciones de publicidad para los órganos encargados de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Estas instancias tendrán que informar sobre sus programas anuales, estadísticas, situación de las auditorías, seguimiento de observaciones y contratación de despachos externos.
“Nosotros, como órganos fiscalizadores, publicaremos información adicional sobre el programa anual de fiscalización, las estadísticas y la información de la situación de las auditorías, del seguimiento que se tiene a las observaciones que se hacen como auditores, así como el padrón y designación de los despachos de los auditores externos”, explicó la funcionaria.
El gobierno federal también invitará a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los estados y municipios, a adoptar esta política de máxima publicidad. No obstante, Buenrostro no señaló que el decreto los obligue jurídicamente a aplicarla.
Preparan reforma para reducir las causales de reserva
Buenrostro anunció que el Ejecutivo presentará una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia y reducir los 17 supuestos que actualmente permiten clasificar información como reservada.
La propuesta pretende concentrar las causales en dos categorías generales establecidas en el artículo 6 de la Constitución: interés público y seguridad nacional.
“Actualmente se tienen en las fracciones reservas, aunque las 17 están clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación para pasar nada más a abocarnos y ser expresamente nada más lo de interés público y seguridad nacional”, declaró.
El artículo 112 de la legislación vigente permite reservar temporalmente documentos cuya divulgación pueda afectar asuntos como la seguridad nacional, relaciones internacionales, estabilidad financiera, recaudación, auditorías, investigaciones penales, debido proceso y procedimientos administrativos.
Versiones públicas evitarán ocultar documentos completos
Otro de los objetivos de la reforma será dar prioridad a la elaboración de versiones públicas. De esta manera, cuando solamente una parte de un documento contenga datos reservados, el resto de la información deberá ponerse a disposición de la ciudadanía.
“Se va a dar prioridad a que la información que se reserve no sólo sea temporal, sino también se publique, aunque se reserve alguna, se publique en versiones públicas”, afirmó Buenrostro.
Este criterio pretende impedir que expedientes completos permanezcan ocultos por contener una sección restringida y obligará a las autoridades a justificar con mayor precisión las partes que no puedan divulgarse.
Decreto será incorporado a la Ley de Transparencia
Sheinbaum adelantó que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión al comienzo del próximo periodo ordinario de sesiones, con el propósito de incorporar las disposiciones del decreto a la legislación nacional.
“Para el inicio de sesiones del Congreso se incorporará este decreto a la Ley de Transparencia para garantizar el acceso a la información de todos los mexicanos y mexicanas de lo que hace el gobierno”, sostuvo la mandataria.
La reforma deberá ser analizada y votada por el Poder Legislativo antes de convertirse en una obligación permanente dentro de la Ley General de Transparencia.
