Morelia, Michoacán.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este martes dará a conocer un decreto dirigido a garantizar el acceso público a la información del gobierno y restringir las reservas únicamente a asuntos vinculados con la seguridad nacional o con procesos judiciales en curso.
La mandataria federal adelantó que, además del decreto, presentará una propuesta para incorporar estos criterios a la legislación, sin dejar de proteger los datos personales de la ciudadanía.
Reservas se limitarían a casos excepcionales
Sheinbaum explicó que las plataformas de transparencia deberán permitir la consulta de la información generada por las instituciones gubernamentales, salvo cuando existan razones justificadas para mantenerla bajo reserva.
“El objetivo es que sólo aquello que realmente es seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer, pero las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del Gobierno, obviamente resguardando los datos personales”, afirmó.
El planteamiento busca delimitar con mayor precisión las causas por las que una autoridad puede negar temporalmente información, al mismo tiempo que mantiene las medidas necesarias para evitar la exposición indebida de datos personales.
Buenrostro y Alcalde explicarán el alcance del decreto
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, participarán en la conferencia matutina para presentar los detalles del decreto y de la propuesta que se pretende incorporar a la ley.
“Si quieren, mañana tocamos ese tema. Va a venir Luisa María Alcalde y Raquel Buenrostro, vienen a platicar, era para el viernes, pero ya no pudimos hacerlo, sobre el tema de la transparencia, un decreto que voy a emitir y un planteamiento también para que sea parte de la ley”, agregó.
La explicación será relevante para conocer qué información podrá clasificarse como reservada, cuáles serán los procedimientos para solicitarla y qué mecanismos estarán disponibles para impugnar una negativa de las instituciones federales.
Así quedó el acceso a la información tras la desaparición del INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue extinguido mediante la reforma constitucional de simplificación administrativa y las leyes secundarias publicadas el 20 de marzo de 2025.
Después de su desaparición, sus atribuciones fueron distribuidas entre autoridades garantes pertenecientes a los diferentes poderes y órganos autónomos del Estado mexicano.
En el ámbito de la Administración Pública Federal, las funciones relacionadas con el acceso a la información quedaron bajo la responsabilidad de Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que cuenta con autonomía técnica y operativa.
La dependencia encabezada por Raquel Buenrostro asumió directamente las tareas correspondientes a la protección de datos personales y a la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Gobierno retomará debate sobre derechos de las audiencias
Sheinbaum también anunció que este martes se abordarán nuevamente los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, proyecto que actualmente se encuentra sometido a consulta pública.
El viernes pasado, la Presidenta informó que Luisa María Alcalde se reuniría con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, luego de las inconformidades expresadas por concesionarios respecto de algunas disposiciones incluidas en la propuesta.
Consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió la consulta pública el 27 de julio y mantendrá abierto el proceso hasta el 21 de agosto. Durante ese periodo podrá recibir observaciones de concesionarios, especialistas, organizaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanos.
El proyecto contempla obligaciones para diferenciar la información de las opiniones y separar la publicidad de los contenidos informativos. También establece que los concesionarios deberán disponer de códigos de ética y defensores de las audiencias.
Los radioescuchas y televidentes podrían presentar inconformidades ante dichas defensorías. Cuando sus recomendaciones no sean atendidas, las personas tendrían la posibilidad de recurrir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Las disposiciones serían aplicables a concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta y radio, así como a prestadores de servicios de televisión y audio de paga y a empresas programadoras.
