Prohibir la privatización del agua requeriría una reforma constitucional
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum fue consultada sobre las concesiones de servicios de agua a empresas privadas, incluidas compañías extranjeras, y sobre la posibilidad de que el gobierno federal revise esos contratos.
En respuesta, distinguió entre las medidas para evitar el acaparamiento y la comercialización de los derechos de agua y las decisiones de estados y municipios para concesionar la operación de los servicios.
“La concesión del agua la hacen los municipios o los estados. Tendríamos que elevar a rango constitucional que no se permitiera esta privatización. Lo que hicimos fue cambiar la Ley Nacional del Agua o de Aguas para evitar el acaparamiento del agua y en eso pues vamos muy, muy avanzados. Y evitar la mercantilización de los derechos de agua, que también ha dado muchísimos resultados”, puntualizó.
La mandataria sostuvo que las concesiones para operar los servicios son pocas en el país y atribuyó su implementación a la idea de que la participación privada resolvería los problemas de los organismos operadores.
“Ya la parte de concesionar la operación del agua depende mucho de los estados y los municipios. No son tantas, son muy pocas las que existen en el país y fue en el periodo neoliberal con la idea esta de que lo privado iba a resolver problemas de los organismos operadores del agua. Ha ido avanzando más bien la idea de que lo público es mejor, incluso se ha desprivatizado en algunos lugares”, argumentó.
El proyecto Chapala-Guadalajara abrió la discusión sobre participación privada
El pronunciamiento tiene como antecedente la controversia por el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, impulsado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mediante un esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) con participación privada.
El 12 de octubre, Sheinbaum cuestionó ese modelo al considerar que podría implicar la privatización de la operación del servicio. En ese momento propuso revisar, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las alternativas técnicas y financieras para atender la contaminación del suministro en Guadalajara.
Federación y Jalisco acuerdan financiar obras con recursos públicos
La propuesta de garantizar constitucionalmente la operación pública del agua se produce un día después de que Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus anunciaron un acuerdo para financiar las obras destinadas a atender la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Según lo anunciado, los proyectos se realizarán con aportaciones federales y estatales, sin recurrir al endeudamiento ni a la privatización del servicio. Los montos previstos se distribuyen de la siguiente manera:
- Gobierno federal: entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para el acueducto sustituto de Chapala y obras complementarias de la presa El Zapotillo.
- Gobierno de Jalisco: entre 10 mil y 12 mil millones de pesos para infraestructura de saneamiento y potabilización.
Lemus confirmó el acuerdo y aseguró que las obras se ejecutarán sin privatizar los servicios ni contratar deuda, después de las diferencias con la Federación por su propuesta inicial de financiamiento.
Propuesta de financiamiento privado sigue en el Congreso de Jalisco
Aunque ambos gobiernos anunciaron el uso de recursos públicos, la iniciativa original de financiamiento privado permanece en el Congreso de Jalisco.
Mientras tanto, las autoridades federales y estatales avanzan con Conagua en la definición técnica y presupuestal de los proyectos. Esa etapa deberá precisar el alcance de las obras para atender los problemas de contaminación, saneamiento y potabilización del agua en la zona metropolitana.
