Un artículo con facultades de vigilancia sin orden judicial
De acuerdo con la AIMX, el Artículo 30-B otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a otras autoridades fiscales la posibilidad de acceder, de forma permanente y en tiempo real, a las bases de datos de plataformas digitales sin necesidad de una orden judicial. Esto, advierte la asociación, equivaldría a instaurar un sistema de vigilancia masiva sobre ciudadanos y empresas del ecosistema digital mexicano.
Riesgos para derechos humanos, ciberseguridad y economía
Entre los principales riesgos que la AIMX identifica destacan la violación de la privacidad y los derechos humanos, en contravención del Artículo 16 Constitucional y diversos tratados internacionales.
Asimismo, la organización advierte que la medida aumentaría la vulnerabilidad en materia de ciberseguridad al ampliar la exposición entre sistemas gubernamentales y plataformas privadas, además de afectar a las MiPyMEs que dependen de los servicios digitales.
Otros puntos señalados son la discriminación entre empresas digitales y físicas, la imposición de sanciones desproporcionadas que podrían llevar al bloqueo de servicios digitales y el posible incumplimiento de los compromisos adquiridos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Propuestas alternativas para un marco fiscal moderno y seguro
La AIMX propuso sustituir el acceso en tiempo real por mecanismos de auditoría selectiva y reportes periódicos, siempre con control judicial y criterios de proporcionalidad. También sugirió limitar el acceso a información estrictamente fiscal, excluyendo datos personales o estratégicos de negocio.
Entre las recomendaciones se incluye el diseño de esquemas diferenciados para MiPyMEs, la implementación de candados de seguridad cibernética y la adopción de protocolos conforme a las mejores prácticas internacionales.
“El Senado aún está a tiempo de corregir el rumbo”
En su posicionamiento, la Asociación Mexicana de Internet subrayó que aprobar el Artículo 30-B en sus términos actuales representaría un retroceso histórico con consecuencias irreversibles para la economía digital, la innovación y la confianza ciudadana.
“El Senado aún está a tiempo de corregir el rumbo”, señaló la AIMX, al reiterar su disposición para colaborar técnica y jurídicamente en la construcción de un marco fiscal que sea moderno, seguro y respetuoso de los derechos humanos digitales.
