Morelia, Michoacán a 4 de abril de 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán procesa una iniciativa para endurecer las penas y tipificar como delito grave el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos delictivos. La propuesta fue presentada por la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez ante la Septuagésima Sexta Legislatura.
“La protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes es hoy más urgente que nunca”, argumentó la legisladora durante su intervención.
Reclutar menores, una práctica cada vez más frecuente
El fenómeno del reclutamiento forzado ha sido señalado como una de las prácticas más alarmantes del crimen organizado en México. Según datos de la organización Reinserta, cada año entre 30 mil y 40 mil menores son incorporados a bandas criminales. Algunos son coaccionados, otros manipulados psicológicamente.
“En lugar de recibir juguetes, miles de menores reciben armas”, advierte una de las campañas impulsadas por Reinserta para visibilizar la violencia contra las infancias.
Michoacán, entre los estados con mayor riesgo
De acuerdo con el estudio de REDIM y el Observatorio Nacional Ciudadano, Michoacán se encuentra entre los 18 estados con mayor índice de reclutamiento de menores de edad. La entidad ocupa el lugar 10 en el índice de riesgo de violencia asociada al crimen organizado con impacto en niñas, niños y adolescentes.
Factores como la pobreza, la violencia familiar y la desintegración social contribuyen a que los menores sean presa fácil de estas redes criminales.
Penas más duras en el Código Penal
Con la aprobación de esta iniciativa, se adiciona el artículo 157 Bis al Código Penal de Michoacán. El nuevo texto castiga con de 10 a 15 años de prisión y multas de hasta 2,000 días a quien obligue, incite, convenza o coaccione a menores para formar parte de un grupo delictivo o cometer algún delito.
Además, si se demuestra que hubo amenazas contra familiares para forzar el reclutamiento, la pena se agravará hasta en una mitad.
Seis meses para armonizar leyes de protección infantil
El decreto establece un periodo de seis meses para que las autoridades competentes armonicen la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y sus reglamentos estatales. Esta medida busca cerrar vacíos legales y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción.
“Estas actividades delictivas se han vuelto tan comunes y graves, que es esencial tipificarlas como tales”, aseveró Caratachea Sánchez.
