Morelia, Michoacán, a 15 de junio de 2025.— El diputado federal Óscar Fernando Torres Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que busca otorgar facultades sancionadoras al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con el objetivo de fortalecer la lucha institucional contra la exclusión en México.
Conapred podría sancionar actos discriminatorios
La propuesta legislativa contempla reformar los artículos 15 y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para permitir que el Conapred pueda iniciar procedimientos sancionadores, ya sea de oficio o a petición de parte, en casos de discriminación documentada.
Torres Castañeda argumentó que “las sanciones podrán consistir en amonestaciones, multas, medidas de reparación del daño y otras que se establezcan en el reglamento correspondiente”.
Respeto al debido proceso y derecho de audiencia
El legislador subrayó que la reforma no ignora los derechos de los presuntos infractores. El procedimiento sancionador deberá garantizar el derecho de audiencia y defensa, apegado a los principios de legalidad y debido proceso.
Obligaciones públicas: accesibilidad y tecnologías inclusivas
La iniciativa también propone medidas concretas que las instituciones públicas deben implementar para garantizar condiciones de igualdad. Entre ellas, eliminar barreras arquitectónicas y urbanísticas, así como adoptar ajustes razonables que aseguren accesibilidad universal en espacios públicos.
Asimismo, plantea garantizar el acceso a servicios digitales, públicos o privados, utilizando tecnologías accesibles como subtitulación, lengua de señas, formatos alternativos y otros medios que promuevan la inclusión de personas con discapacidad.
Una ley con consecuencias: contra la impunidad
Torres Castañeda aseveró que “conferir al Conapred facultades sancionadoras representa un avance en la lucha contra la impunidad, porque una ley sin consecuencias reales corre el riesgo de convertirse en letra muerta”.
En su exposición de motivos, recalcó que la posibilidad de aplicar sanciones administrativas permite enviar un mensaje firme desde el Estado: la discriminación no será tolerada.
Democracia inclusiva: más allá del marco jurídico
El legislador priista destacó que el fortalecimiento de esta ley no solo responde a una necesidad jurídica, sino también a una visión de país. “Una verdadera democracia solo es posible cuando todas las personas —sin importar su origen, condición o identidad— tienen garantizado el mismo acceso a derechos, oportunidades y respeto”, enfatizó.
Con estas reformas, aseguró, se busca cerrar la brecha entre el reconocimiento legal del derecho a la no discriminación y su ejercicio pleno en la vida cotidiana.
Infraestructura sin exclusión: un derecho universal
Finalmente, el diputado reiteró que derechos fundamentales como el transporte, la educación, el trabajo, el ocio y la salud deben ser accesibles para todas las personas, sin importar su condición física o sensorial.
“Una sociedad no puede seguir permitiendo que su infraestructura esté diseñada desde la exclusión. La igualdad debe dejar de ser un discurso y convertirse en práctica cotidiana, respaldada por leyes firmes y voluntad política”, concluyó.
