Morelia, Michoacán, a 2 de mayo de 2025.- Diputadas y diputados de la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán presentaron una iniciativa para reformar el artículo 80 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del estado, con el fin de establecer servicios diferenciados de salud para mujeres privadas de la libertad, especialmente aquellas que viven con sus hijos menores de tres años.
Realidad preocupante en centros penitenciarios femeniles
Durante la exposición de motivos, la diputada Eréndira Isauro Hernández subrayó que en Michoacán hay 361 mujeres privadas de la libertad, de las cuales el 71.3% son madres de menores de edad. Además, el 13.3% ha estado embarazada durante su reclusión.
“Al menos 40 mujeres en nuestra entidad tienen hijos menores de edad viviendo con ellas al ser recién nacidos o tener menos de tres años de edad”, aseveró.
Deficiencias en la atención ginecológica
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura reveló que en varios centros penitenciarios de Michoacán, entre el 13% y el 86% de las internas no reciben atención ginecológica adecuada. Asimismo, entre el 20% y el 60% de las mujeres entrevistadas no han sido sometidas a exámenes de Papanicolaou.
“En la mayoría de los casos, las mujeres deben acudir a las áreas médicas destinadas a hombres, lo que representa una grave limitación para garantizar su derecho a la salud en condiciones dignas y equitativas”, argumentó la legisladora.
Propuesta con enfoque de género y derechos humanos
La reforma busca que cada centro penitenciario con población femenina cuente con:
- Personal médico especializado en ginecología, obstetricia y pediatría
- Exámenes anuales para detectar cáncer cervicouterino y de mama
- Acceso libre a métodos de planificación familiar
- Servicios médicos diferenciados para hijas e hijos menores
- Infraestructura médica exclusiva y digna para mujeres
Una deuda pendiente con las mujeres más vulnerables
“Si bien hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, también tenemos necesidades particulares que deben ser atendidas con políticas públicas diferenciadas”, enfatizó Isauro Hernández.
Según cifras del INEGI, en 2024 murieron 24,896 mujeres en México a causa de tumores cancerígenos, lo que refuerza la urgencia de brindar atención médica especializada a las internas.
Plazos para la implementación
El decreto establece que el Ejecutivo estatal tendrá hasta 180 días para adecuar la normatividad secundaria y hasta dos años para implementar gradualmente los recursos humanos y materiales requeridos.
Un paso hacia la igualdad en el sistema penitenciario
Con esta iniciativa, las diputadas Eréndira Isauro Hernández, Anabet Franco Carrizales y el diputado Marco Polo Aguirre Chávez buscan saldar una deuda histórica con las mujeres reclusas, garantizando su derecho a la salud en condiciones dignas, equitativas y humanas.
