Zacatecas, México. — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 195VG/2025 tras confirmar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías estatales en el municipio de Calera, Zacatecas, durante un presunto enfrentamiento ocurrido en 2020, en la comunidad de Nueva Alianza.
Luego de casi cinco años de investigación, la CNDH concluyó que las fuerzas de seguridad privaron arbitrariamente de la vida a 14 personas, quienes —de acuerdo con los peritajes— ya estaban rendidas o desarmadas al momento de su ejecución.
Peritajes desmienten la versión oficial
El informe de la Comisión señala que las víctimas presentaban golpes previos a su muerte y disparos en la cabeza o por la espalda, lo que contradice la versión oficial difundida en su momento por autoridades locales y federales, que calificaron los hechos como “un enfrentamiento armado”.
Los dictámenes forenses, así como testimonios de habitantes de la comunidad, evidencian un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, además de alteraciones en la escena del crimen con el fin de simular un tiroteo.
Responsabilidad institucional
Ante los hallazgos, la CNDH dirigió la recomendación tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, señalando violaciones graves al derecho a la vida, a la seguridad jurídica y a la integridad personal.
El organismo pidió la reparación integral del daño para las familias de las víctimas, que incluye compensación económica, atención psicológica y medidas de no repetición, además de la apertura de investigaciones penales y administrativas contra los responsables.
Un llamado a la rendición de cuentas
La CNDH subrayó que estos hechos representan “una muestra preocupante de la impunidad con la que algunos agentes del Estado han actuado” durante los años más violentos en Zacatecas. También reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión civil sobre las fuerzas armadas y policiales.
Hasta el momento, ni la Sedena ni el gobierno estatal han emitido una respuesta pública sobre la recomendación. Organizaciones de derechos humanos locales exigieron que el caso no quede en el olvido y se garantice justicia para las víctimas.
“La verdad y la justicia son el primer paso para la reconciliación con las comunidades afectadas”, concluyó el pronunciamiento de la CNDH.
