La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las capturas se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaEdomex, detuvieron a cinco personas, entre ellas Luis “N”, exfuncionario del Gobierno de Michoacán, integrantes de su familia y un escolta, presuntamente relacionados con una red delictiva dedicada a la extorsión mediante la suplantación de identidad de funcionarios públicos.
Las investigaciones permitieron identificar que este grupo se hacía pasar por servidores públicos de diferentes instancias. Incluso utilizaban inteligencia artificial para imitar voces y generar confianza entre sus víctimas.
Como resultado de estos trabajos, se realizó un cateo en un inmueble de Metepec, Estado de México, donde se aseguraron equipos telefónicos y vehículos de alta gama. Los cinco detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión.
Con estas acciones avanzamos en el combate a la extorsión y el desmantelamiento de redes delictivas que afectan el patrimonio y la seguridad de las familias mexicanas.
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 8, 2026
Inteligencia artificial para suplantar a funcionarios
De acuerdo con las investigaciones, los presuntos integrantes del grupo se hacían pasar por servidores públicos y utilizaban herramientas de inteligencia artificial para reproducir sus voces, simular comunicaciones oficiales y generar confianza entre sus víctimas.
Entre las identidades que presuntamente suplantaban figuraban ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de la Presidencia de la República.
El esquema comenzaba con la obtención de números telefónicos y una llamada de alguien que se presentaba como secretario particular de un funcionario de alto nivel. Posteriormente, otra persona simulaba ser la autoridad y solicitaba apoyos económicos, contrataciones de servicios o la incorporación de determinadas personas a puestos de trabajo.
Según las indagatorias, la organización exigía pagos en efectivo. Algunas operaciones bancarias se habrían realizado mediante una empresa de arquitectura y construcción vinculada con una de las hijas del exfuncionario.
Cateo en Metepec: aseguran teléfonos y vehículos
Las autoridades ubicaron el centro de operaciones en un inmueble del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México. La red habría operado al menos desde 2021.

Durante un cateo, elementos de la SSPC y de la Fiscalía mexiquense aseguraron 19 dispositivos móviles, tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas y vehículos de alta gama.
Los detenidos fueron identificados como Luis “N”; su esposa, Liliana “N”; sus hijos, Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, así como Agustín Arturo “N”, quien se desempeñaba como escolta.
Los cinco detenidos fueron vinculados a proceso
El Gabinete de Seguridad federal comunicó que los cinco fueron vinculados a proceso por el presunto delito de extorsión. La resolución judicial se dictó el 6 de octubre e incluyó prisión preventiva justificada.
La autoridad ordenó su internamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.
Antecedentes del exfuncionario en las finanzas de Michoacán
La SSPC señaló que Luis “N” ocupó los cargos de tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, y refirió antecedentes por peculado e inhabilitación para desempeñar funciones públicas.
El 20 de octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán ejecutó una orden de aprehensión en su contra por peculado, relacionada con pagos por 26 millones 680 mil pesos a dos proveedores que, según la investigación ministerial, no prestaron los servicios contratados.
Los pagos se realizaron entre marzo y agosto de 2012: uno por 15 millones 80 mil pesos y otro por 11 millones 600 mil pesos, por supuestos servicios de asesoría contable y gestión administrativa y financiera.
Tras aquella detención, Miranda Contreras obtuvo la libertad provisional mediante una garantía. En marzo de 2018, la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán revocó el auto de formal prisión, al considerar que no existían elementos suficientes para mantenerlo sujeto a proceso por peculado.
Ese expediente corresponde a una investigación distinta del actual caso de presunta extorsión desarrollado por las autoridades federales y mexiquenses.






