Morelia, Michoacán , a 30 de abril de 2025.- Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Francisco Javier Antonio Martínez, director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, mantiene una relación empresarial directa con los accionistas de Intanza SA de CV, la empresa involucrada en el mayor decomiso de combustible ilegal en la historia reciente del país.
Intanza es la compañía a la que la Secretaría de Marina aseguró más de 10 millones de litros de diésel, introducido de contrabando desde Estados Unidos bajo la apariencia de aditivos. La operación tuvo lugar a finales de marzo en el puerto de Tampico.
Relaciones empresariales que comprometen al funcionario
Francisco Javier Antonio Martínez figura como socio de Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado, accionistas de Intanza, en la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure. Esta firma se dedica a la importación de productos electrónicos, pero el funcionario omitió reportar su participación en dicha empresa en sus declaraciones patrimoniales.
Desde 2022, Martínez ha adquirido de contado una ostentosa colección de 18 vehículos, incluyendo al menos 10 autos clásicos, dos camionetas de lujo y dos motocicletas Harley-Davidson, lo que ha despertado sospechas sobre el origen de sus ingresos.
ASIPONA mantiene en su cargo a funcionario investigado
A pesar del escándalo, el funcionario no ha sido separado de su puesto. El 16 de abril, apareció en un evento público junto al director general de la ASIPONA Tampico, el almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, y la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal, hermana del gobernador de Tamaulipas. Ninguna autoridad federal o estatal ha informado sobre investigaciones en su contra.
El SAT suspende a Intanza; la empresa se ampara
El 31 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió a Intanza del padrón de importadores. Ese mismo día, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el histórico decomiso.
Intanza interpuso un juicio de amparo tres días después del arribo del buque Challenge Procyon con el diésel a Tampico, solicitando la suspensión de la confiscación. Aunque el Juzgado Noveno de Distrito negó la medida, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil revocó esa decisión y otorgó la suspensión provisional, con la condición de que el combustible no sea considerado ilegal ni evada contribuciones fiscales.
Modus operandi del huachicol fiscal: evasión mediante “aditivos”
La importación de combustible disfrazado de aditivos forma parte de un esquema para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Intanza habría declarado el ingreso del diésel bajo una fracción arancelaria distinta para evitar los pagos correspondientes.
Un nuevo amparo promovido por el apoderado legal de Intanza, Osmar Antonio Constancio Pecina, revela que el combustible estaba respaldado por una factura emitida por Hevi Transport LLC, empresa texana especializada en transporte de hidrocarburos entre México y Estados Unidos.
Intanza también estaría vinculada al huachicol en Sonora
Según documentación difundida por la periodista Michelle Rivera, Intanza sería la misma empresa que introdujo combustible ilegal al puerto de Guaymas, Sonora, a bordo del buque Torm Agnes. Este segundo decomiso ocurrió también a finales de marzo, lo que refuerza la sospecha de una red de importación de combustible ilegal operando en varios puertos del país.
Silencio institucional y cuestionamientos públicos
Hasta ahora, ni la Secretaría de la Función Pública ni la Fiscalía General de la República han informado si existe alguna indagatoria en curso contra el funcionario o los implicados en la red de empresas. La permanencia de Francisco Javier Antonio Martínez en su cargo y su exposición pública junto a autoridades civiles y militares ha provocado críticas y exigencias de rendición de cuentas.
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