Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Un Tribunal Colegiado resolvió que la sección “Quién es quién en las mentiras”, transmitida en las conferencias matutinas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, violó la libertad de expresión, la honra y la dignidad de críticos del gobierno, entre ellos el analista Max Kaiser.
Un precedente en defensa de la crítica al poder
De acuerdo con la sentencia, las menciones realizadas en esa sección fueron financiadas con recursos públicos y la entonces titular del espacio, Elizabeth García Vilchis, actuaba como funcionaria pública, lo que la obligaba a verificar la veracidad de los señalamientos. Al no hacerlo, incurrió en expresiones que afectaron derechos fundamentales.
Max Kaiser, el caso que marcó la resolución
El proceso judicial comenzó cuando Max Kaiser, al sentirse denostado en repetidas ocasiones en esta sección, decidió recurrir a un juicio de amparo. La resolución le dio la razón y determinó que sus derechos a la libertad de expresión, la honra y la dignidad fueron vulnerados.
CNLE: Sentencia sienta estándares para futuras autoridades
Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), detalló en entrevista con Aristegui Noticias que la decisión judicial impide a las autoridades replicar espacios de presión contra periodistas y líderes de opinión. “La sentencia confirma que esta sección violó la honra y violó la dignidad, en concreto de Max Kaiser. Pero sienta un precedente para todas y todos, porque a partir de esta sentencia la autoridad no puede volver a tener una sección que, bajo estas condiciones, presione a críticos del gobierno”, aseveró.
Resolución definitiva y sin apelación
Calderón subrayó que la resolución es definitiva y no puede ser impugnada. “Entonces ya se queda como un precedente, sin mecanismo de impugnación”, explicó la abogada.
Lineamientos para la comunicación oficial
La sentencia también establece parámetros sobre cómo debe conducirse la comunicación gubernamental. “Los parámetros que tiene que seguir el gobierno actual son informar como autoridades responsables, generar este diálogo, intercambio de información objetivo necesario en cualquier democracia. Eso es muy relevante”, argumentó Calderón.
La resolución refuerza la protección a periodistas, líderes de opinión y comentaristas que expresen críticas hacia el gobierno, garantizando que no se utilicen recursos públicos para campañas de desprestigio. Además, constituye un mensaje claro sobre los límites de la comunicación oficial en una democracia.
