Morelia, Michoacán, a 5 de julio de 2025. – El diputado Juan Carlos Barragán Vélez, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para adicionar los artículos 331 y 332 Bis a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con el fin de exentar de forma permanente los cobros de arrastre, traslado y estancia en corralones a propietarios de vehículos robados que sean recuperados por las autoridades.
Se busca evitar la revictimización de los afectados
El legislador argumentó que el cobro de estos servicios representa una forma de revictimización institucional, ya que impone una carga económica adicional a quienes ya han sido afectados por el delito de robo. “En promedio, los costos pueden superar los 33 mil 500 pesos, lo cual es inaceptable para las personas de escasos recursos”, aseveró.
Medida con carácter permanente, no sujeta a leyes fiscales anuales
Barragán explicó que si bien en la Ley de Ingresos 2025 ya se contempla una exención similar, esta es temporal y depende de la aprobación anual del Congreso. Por ello, propuso incorporar dicha medida directamente en la Ley de Movilidad para garantizar su vigencia más allá de coyunturas fiscales.
Respaldada por principios constitucionales y legislación federal
La propuesta se fundamenta en los principios de dignidad, acceso a la justicia y reparación del daño, consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Víctimas. Además, atiende al mandato de la Cuarta Transformación de construir una política pública más humana y solidaria.
Comparativa nacional refuerza la iniciativa
Durante su exposición, el legislador mencionó que otras entidades como Baja California, Hidalgo, Puebla, Jalisco y Chihuahua ya han adoptado medidas similares. “No se trata de una excepción, sino de una tendencia nacional a favor de los derechos ciudadanos”, apuntó.
Detalles del nuevo artículo 332 Bis
De aprobarse, el nuevo artículo 332 Bis establecería que las víctimas de robo vehicular estarán exentas del pago por servicios de corralón si presentan la denuncia previa y constancia oficial de recuperación. La disposición será obligatoria para autoridades y concesionarios, quienes deberán publicitarla ampliamente.
Aplicación inmediata y sanciones por incumplimiento
El decreto contempla un plazo máximo de 30 días para que las autoridades adapten sus procedimientos y de 60 días para armonizar los reglamentos municipales. El incumplimiento será sancionado conforme a la normatividad vigente.
Finalmente, Barragán destacó que esta iniciativa se alinea con las políticas sociales del gobierno de Morena. “Proteger a las víctimas no es un favor, es una obligación del Estado y un mandato del pueblo”, concluyó.
