Morelia, Michoacán a 1 de abril de 2025.- A través de una iniciativa presentada por los legisladores Anabet Franco Carrizales y Hugo Ernesto Rangel Vargas, el Congreso de Michoacán busca tipificar como delito el abuso de confianza específico cometido contra beneficiarios de los programas de Pensiones para el Bienestar, enfocándose en casos en los que familiares o conocidos disponen del dinero sin autorización.
Propuesta para castigar el abuso de confianza en pensiones
La iniciativa plantea una reforma al Artículo 215 del Código Penal del Estado de Michoacán, con el objetivo de sancionar con hasta 11 años de prisión a quien, siendo depositario de la tarjeta bancaria de un beneficiario, retire el dinero el consentimiento de éste.
“Es necesario combatir este fenómeno que lastima la economía, la salud y el bienestar de personas que, por su edad o discapacidad, dependen de otros para cobrar su pensión”, argumentó el diputado Hugo Ernesto Rangel al presentar la propuesta.
El castigo también contempla la reparación del daño y una multa de hasta 100 veces el valor de la UMA, lo que reforzará la protección de adultos mayores y personas con discapacidad frente a abusos frecuentes por parte de personas cercanas.
Los más vulnerables: personas mayores y con discapacidad
En la exposición de motivos, se hace referencia a datos del INEGI que revelan que 7.9 millones de personas en México viven con algún tipo de discapacidad. De ellas, un gran número depende económicamente de programas sociales como las Pensiones del Bienestar.
“Queremos reconocer las valiosas contribuciones de las personas mayores y garantizar su derecho a una vida independiente y segura”, aseveró la diputada Anabet Franco. También señaló que se trata de un problema estructural que debe atenderse con urgencia desde el ámbito legislativo.
Acompañamiento legal desde los municipios
La propuesta también reforma la Ley Orgánica Municipal para que los municipios, a través del DIF, brinden asesoría jurídica gratuita a los adultos mayores y personas con discapacidad que hayan sido víctimas de este delito. Esto incluye ayuda en la presentación de denuncias penales.
“Queremos garantizar el acompañamiento institucional en todo el estado, desde el primer momento en que se detecta el abuso”, mencionó Rangel Vargas.
Un paso más hacia la justicia social
La iniciativa se enmarca en la reforma al artículo 4º de la Constitución, donde se eleva a rango constitucional el derecho a los programas sociales. Con esta modificación legal, Michoacán se convierte en un referente nacional al proteger a los beneficiarios de los programas sociales desde una perspectiva de derechos humanos.
“Esta reforma busca no solo castigar, sino prevenir una conducta que vulnera a quienes más debemos proteger”, concluyó Anabet Franco Carrizales.
Revisa aquí la propuesta: Iniciativa bienestar codigo penal
