Caracas – En un giro político sin precedentes, el gobierno de Venezuela decretó un Estado de Conmoción Exterior tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, e instruyó a las autoridades a buscar y detener a cualquier persona que respalde o difunda el ataque estadounidense que derivó en su detención.
La medida fue oficializada mediante la Gaceta Oficial N.º 6.954 Extraordinaria, con fecha del 3 de enero de 2026, y fue refrendada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras la salida de Maduro.
El decreto establece que los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deben emprender de inmediato operativos en todo el territorio nacional para localizar y detener a quienes, a juicio del régimen, hayan promovido, apoyado o celebrado la acción armada de Estados Unidos contra Venezuela. Los detenidos deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal para enfrentar procesos con “todas las garantías procesales” pertinentes, según el texto publicado oficialmente.
La norma, con vigencia inicial de 90 días prorrogables, también contempla la militarización de los servicios estratégicos, incluyendo infraestructura pública, la industria petrolera y sectores básicos del Estado, bajo control de las Fuerzas Armadas.
El decreto fue elaborado en el contexto de una crisis política extrema, detonada por la operación militar estadounidense que capturó a Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos ante la justicia estadounidense. El gobierno venezolano ha calificado ese operativo como un “ataque armado” y una agresión a la soberanía nacional, postura que sustenta la declaración del estado de conmoción.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su preocupación por las implicaciones de esta medida, al advertir que podría ser utilizada para criminalizar la disidencia política y restringir libertades fundamentales en un momento de alta tensión interna.
