Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2025.- El hallazgo de una fosa clandestina en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha puesto nuevamente en evidencia la brutalidad con la que opera el crimen organizado en México y la falta de una estrategia efectiva para frenar su avance, alertaron organizaciones civiles.
De acuerdo con reportes, este sitio era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de adiestramiento y exterminio. En el sitio había centenares de decenas de zapatos y restos de alrededor de 200 cuerpos de personas en el sitio ubicado a una hora de la capital jalisciense.
Este caso no es un hecho aislado. La presencia de campos de entrenamiento para menores de edad reclutados por el crimen organizado es una realidad que diversas organizaciones han denunciado sin que haya respuestas contundentes de las autoridades.
Más de 140 mil niños y adolescentes en riesgo
Según datos de la organización Reinserta, al menos 30 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por grupos criminales en México, mientras que otros 140 mil se encuentran en riesgo de ser captados.
Los menores de edad son atractivos para el crimen organizado puesto que, en caso de ser detenidos, tienen posibilidad de salir de prisión en poco tiempo.
El 45% de los menores reclutados terminan siendo utilizados como halcones, informantes o incluso sicarios, en un proceso de adoctrinamiento violento que los priva de su infancia y los convierte en herramientas de guerra para los cárteles.
“El adiestramiento al que son sometidos los priva de su capacidad de empatía y los sumerge en una normalización de la violencia que dificulta el proceso de reinserción social y recuperación emocional”, advirtió Reinserta en su informe de 2021.
Jalisco, epicentro de la violencia y las fosas clandestinas
Jalisco es el segundo estado con más fosas clandestinas en el país, con al menos 1,221 cuerpos exhumados entre 2006 y 2023, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). La entidad se ha convertido en un escenario de desapariciones masivas, ejecuciones extrajudiciales y una crisis humanitaria en la que las familias de víctimas han tenido que asumir el rol de investigadores ante la inacción gubernamental.
El caso del Rancho Izaguirre es sólo un eslabón más en esta cadena de violencia, donde los grupos criminales han demostrado operar con total impunidad.
“Nos preocupa que este caso no sea aislado, como se ha mencionado en horas recientes sobre otro posible campo de exterminio ubicado en Reynosa, Tamaulipas”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
La deshumanización como estrategia
El crimen organizado no sólo recluta a menores de edad, sino que los somete a un proceso de deshumanización que les obliga a cometer actos atroces como parte de su entrenamiento. De acuerdo con Reinserta, estos niños y adolescentes son secuestrados, obligados a presenciar asesinatos y, posteriormente, forzados a participar en ellos.
La violencia a la que son expuestos no sólo les arrebata su infancia, sino que los condiciona para seguir reproduciendo ese mismo ciclo de agresión.
Colectivos de búsqueda
El crecimiento de colectivos de búsqueda como Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Sonora no es un símbolo de esperanza, sino la prueba de un Estado que ha fallado en garantizar justicia y seguridad.
Son las familias de las víctimas quienes, con recursos propios y sin garantías de seguridad han asumido la labor que debería corresponder a las autoridades.
“Es inaceptable que sean las madres quienes tienen que excavar la tierra para encontrar los restos de sus hijos, mientras las autoridades siguen minimizando la crisis”, mencionó una integrante de Madres Buscadoras.
Llamado urgente a la acción
La impunidad y la omisión gubernamental han permitido que la violencia siga escalando a niveles alarmantes. Es urgente que las autoridades implementen una estrategia integral de prevención que frene el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, considera la organización Reinserta.
“Este plan debe incluir programas de protección infantil que contemplen la desvinculación y desmovilización de los menores reclutados, así como su reinserción en la sociedad con acompañamiento psicológico y educativo”, abundó.
Además, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar apoyo y atención a las familias buscadoras, para que su lucha no dependa exclusivamente de su esfuerzo y resistencia, ya que, mientras no exista una respuesta contundente, seguirán apareciendo más fosas, más víctimas y más generaciones de niñas y niños estarán atrapados en un ciclo de violencia que parece no tener fin.
